A un día de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, demandara al gobierno, la agencia emitió una declaración escrita en la que justificó su despido por ser un empleado de confianza y negó que fuera por represalias. .

De paso, se indicó que, “al momento, el DTOP no ha sido emplazado”.

Fue ayer que Deliz Vélez demandó a la agencia por presuntas represalias contra empleados que denuncian irregularidades y fraudes. La controversia está vinculada al centro de inspección Yabucoa Auto Services, vinculado a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, y su familia.

Deliz Vélez reclamó una compensación de $375,000 por los daños morales y las angustias mentales sufridas por haber identificado irregularidades en el mencionado centro de inspección.

Según el DTOP, supo de la demanda “a través de los medios de comunicación”.

Se indicó en el parte de prensa divulgado que “una vez se reciba el emplazamiento, el Departamento evaluará el contenido de la demanda junto a sus representantes legales y contestará cada una de las alegaciones a tenor con las Reglas de Procedimiento Civil”.

No obstante, se estipuló que “es importante aclarar que el señor Deliz ocupaba un puesto de confianza, que por ley es de libre selección y remoción. Aun así, el DTOP reitera que todas sus decisiones se toman conforme a la ley y los procedimientos aplicables, y niega categóricamente cualquier imputación de represalias”.

Finalmente, se indicó que, “por tratarse de un asunto bajo consideración judicial, el Departamento no estará debatiendo alegaciones específicas ni emitiendo comentarios adicionales en esta etapa. El asunto se atenderá oportunamente durante el trámite correspondiente. El DTOP continuará enfocado en su responsabilidad principal, que los servicios a la ciudadanía se ofrezcan con seriedad, que se cumplan las reglas y que cualquier irregularidad se atienda como corresponde”.

Las expresiones no fueron atribuidas a ningún funcionario, como lo pudo haber sido el secretario Edwin González Montalvo. Este encamina una investigación administrativa por la controversia que involucra a su compañera de gabinete.

El Departamento de Justicia también indaga en los denuncias que ha delatado Deliz Vélez.

Específicamente, la denuncia apunta a que el centro de inspección Yabucoa Auto Service, ubicado en el barrio Juan Martín en Yabucoa, habría emitido cientos de marbetes de manera fraudulenta. Según las denuncias, el establecimiento figuraba registrado a nombre de la funcionaria, al menos hasta noviembre de 2025.

Deliz Vélez reveló, según reportó El Nuevo Día, que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas.