El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, expresó confianza en que el proyecto de ley que propone la creación de una junta de supervisión fiscal federal para Puerto Rico, presentado hoy, miércoles, por tres senadores estadounidenses, alcanzará un lenguaje beneficioso a los intereses del gobierno local.

“La presentación del proyecto en el Senado federal evidencia el sentido de urgencia y la seriedad de la situación de Puerto Rico. Continuaremos las conversaciones y estamos confiados en que el lenguaje final será uno positivo para el país y atenderá el mal de fondo”, manifestó Ortiz en declaraciones escritas.

Ortiz forma parte de una delegación de funcionarios puertorriqueños encabezada por el gobernador Alejandro García Padilla que cabildea en Washington D.C. por acción congresional que ayude a Puerto Rico a atender el problema de la deuda pública.

El proyecto de ley al que hizo referencia fue presentado hoy por los senadores republicanos Orrin Hatch, Charles Grassley y Lisa Murkowski.

La medida propone una junta supervisora que, entre otras cosas, impondría el nombramiento del principal asesor financiero del gobernador de Puerto Rico y pudiera asignar hasta $3,000 millones al gobierno de la Isla para aliviar su problema de liquidez. No obstante, no contiene lenguaje que le dé acceso a la Isla al capítulo 9 de la ley federal de quiebras, para que pueda reestructurar su deuda.

Un mecanismo legal que permita reestructurar la deuda pública, que supera los $69,000 millones, es el principal reclamo de las autoridades locales al gobierno estadounidense. Además, en cuanto a la junta de control fiscal federal, el consenso entre los funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) es que debe respetar la autonomía de Puerto Rico.

Más temprano hoy, miércoles, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, también mostró reservas con la legislación tal como fue propuesta.

“He revisado un resumen del proyecto, pero no del texto en sí. Sobre la base de ese resumen, hay aspectos del proyecto que son positivos –tales como el reconocimiento de que a Puerto Rico se le trata desigualmente bajo los programas federales de salud, la asignación de hasta $3 mil millones en fondos federales para ayudar al territorio, y alivios en impuestos federales sobre la nómina para los trabajadores en la isla durante cinco años- y aspectos que me preocupan, como la ausencia de un mecanismo federal para permitir a Puerto Rico reestructurar alguna de su deuda”, señaló el comisionado.