Ocultar los ingresos o, incluso, no notificar cambios en la cantidad de dinero que devengan son la forma de fraude más común en las que incurren beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). 

Este año, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) recibió 4,696 referidos de casos de fraude de este tipo; mientras que en 159 de los 3,030 establecimientos adscritos al programa en la Isla, la agencia detectó alguna irregularidad durante auditorías en el mismo periodo.

“Lo más frecuente es que no hablan claro sobre el ingreso, ocultan información para obtener los beneficios. No informan cambios salariales, si no tenían empleo y consiguen se supone que lo notifiquen, pero no lo hacen”, dijo la licenciada Surima Quiñones, administradora de ADSEF. 

“Uno de los conceptos erróneos es que las personas piensan que los beneficiarios del PAN no tienen empleo cuando realmente hay una cantidad sustancial que tienen el beneficio y trabajan”, estableció la funcionaria.

Otra modalidad individual se da cuando los beneficiarios se van del País y no cancelan su tarjeta del PAN, pero solicitan el beneficio en los Estados Unidos y mantienen ambas tarjetas activas.

“Para evitar eso, sí tenemos un sistema digital que es un acuerdo con los diferentes estados y el sistema mismo nos alerta. Podemos detectar ese tipo de fraude y se toman cartas en el asunto para ver si el participante está en Estados Unidos o en Puerto Rico”, especificó Quiñones, quien confirmó que el participante que incurra en alguna de estas prácticas podría arriesgarse a perder los beneficios.

En cuanto a las irregularidades detectadas en varios negocios, la funcionaria indicó que se emitieron multas que alcanzaron la suma de $187,500.

“De 3,030 comercios certificados y adscritos al programa, ADSEF visitó unos 382 y encontró irregularidades en transacciones en 159 de ellos, ya que se adquirieron artículos inelegibles con la tarjeta de la Familia. Mientras que en 223 comercios cumplieron con las normas establecidas”, sostuvo Quiñones. 

Estas audiencias se realizaron entre enero 2018 a octubre 2018 y, según el informe, las multas otorgadas van en un rango de entre $500 a $3 mil por artículo.

Según Quiñones, constantemente la División de Integridad Programática (DIP) se encuentra trabajando en auditorías e investigaciones para tratar de detectar los fraudes más comunes. Además de la venta de productos que no son alimentos, otro tipo de fraude se da a través de transacciones exorbitantes y consecutivas con un volumen que sobrepasa lo normal para el comercio, lo que rápidamente se convierte en transacciones sospechosas que son motivo de investigación por parte de la división.

“El fraude en los comercios se da cuando uno ve unas irregularidades en la cuantía de la utilización de las tarjetas. Por ejemplo, en un comercio pequeño si hay cinco transacciones corridas de $500, eso hace una alerta y se envía a investigar. Cuando es una transacción con la misma cuantía en múltiples ocasiones en un día o cuando, conforme al tamaño del comercio, hay unas cuantías exorbitantes de uso y consumo”, explicó la administradora de ADSEF. 

“Nosotros inspeccionamos los 3,030 comercios certificados y el Departamento de la Familia los va visitando, se hacen unas pruebas y se verifica que estén los artículos. Uno investiga si alguien ha reportado un patrón irregular. A consecuencia de eso, se le advierte que están en incumplimiento y la próxima infracción podría conllevar una multa”, aseguró la funcionaria.

Los comercios que incurran en esta práctica se exponen a multas de entre $500 a $3 mil dólares y como medida más severa se arriesgan a perder el beneficio de tener el servicio y quedarse sin la licencia.