El gobernador Alejandro García Padilla acogió con reservas hoy la propuesta enmienda constitucional que comenzará a discutir en octubre próximo la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes con miras a que sea el pueblo el que escoja en las urnas a sus jueces y juezas, con excepción de los integrantes del Tribunal Supremo.  

“Es bueno que se evalúen distintas medidas, pero que se sepa también que hay lugares donde esa fórmula se ha convertido en otro evento político partidista. Que se evalúe, pero se tenga también eso en perspectiva”, dijo García Padilla al preguntársele por la medida del representante popular José “Cony” Varela.

“Hay lugares donde (el proceso de selección de jueces) se lleva a votación y se convierte también en un proceso político partidista”, sostuvo el gobernador.

Cuando se le cuestionó en torno a que la política es un elemento que siempre está presente cuando el gobernador de turno es el que nombra a los miembros de la judicatura, García Padilla se defendió indicando que “yo he nombrado jueces de otros partidos”.

La resolución concurrente del representante Varela propone que se consulte al pueblo, con una asignación de $3 millones, para que escoja los jueces y juezas de primera instancia y del Tribunal de Apelaciones. Los jueces asociados del Tribunal Supremo, seguirán siendo nombrados por el gobernador de turno y avalados por la Legislatura.

La medida indica en su exposición de motivos que busca quitarle todo “el matiz político partidista” a la selección de los miembros de la judicatura.

“La Constitución de Puerto Rico dispone que los jueces del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico serán nombrados por el gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Con ello, se mancilla desde el origen de tales nombramientos, el principio de la independencia judicial. Son las ramas políticas, por excelencia, las que determinan la composición de la Judicatura”, dice la medida legislativa, que se comenzará a discutir en los próximos días en vistas públicas.

La propuesta surge en medio de cuestionamientos éticos contra jueces y juezas superiores que están siendo investigados por su desempeño profesional y cómo estos casos pueden minar la confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial.