La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió cinco medidas de la Cámara de Representantes en ley.

Según resumió, las propuestas buscan aclarar y actualizar el marco normativo de varias leyes, procurar la transparencia y seguridad en la función pública y reconocer las entidades que contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las medidas se destaca una de la autoría del representante José F. Aponte Hernández que establece “mecanismos legales necesarios para confirmar que las personas que ejerzan como entrenadores deportivos de los niños estén libres de sustancias controladas en su organismo”.

La ahora ley requiere una prueba negativa de detección de sustancias controladas a toda persona interesada en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos, adscritos al Departamento de Recreación y Deportes, así como a Federaciones Deportivas en que participen menores hasta los 18 años. La persona deberá costear dicha prueba.

Se faculta al Departamento de Recreación y Deportes, administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas a todo entrenador de manera aleatoria durante la vigencia de su licencia.

Otra nueva ley designó el 15 de mayo como “Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico”.

La propuesta, se informó en un comunicado de prensa, busca exaltar dichas organizaciones y agradecer su continua labor por enaltecer el servicio público, tanto individual como colectivo.

Otra de las nuevas regulaciones fue para enmendar la Ley de Gobierno Electrónico, con el fin de consolidar y modernizar la política pública que obliga a las agencias a informar y educar a la ciudadanía sobre proyectos que afectan servicios esenciales, utilizando herramientas digitales para garantizar mayor transparencia y uniformidad.

“Se establece que las agencias y corporaciones públicas deberán crear programas formales de educación e información sobre proyectos de infraestructura o mejoras que impacten servicios esenciales como agua, luz o transporte. Esto incluye publicar detalles específicos (ubicación, alcance, duración e impacto) y notificar con al menos 30 días de anticipación, o 48 horas en casos excepcionales, además de monitorear los efectos durante la ejecución”, se informó.

Las otras dos propuestas son del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. Una enmienda la Ley de Sustancias Controladas para actualizar y precisar el lenguaje para evitar discrepancias entre las facultades y obligaciones que le fueron otorgadas al Departamento de Salud. La otra enmienda la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos para corregir un error técnico.