Lares. La gobernadora Wanda Vázquez Garced expresó ayer que se está preparando “para lo peor” en la demanda incoada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el gobierno para eliminar la Ley 29, que exime a los municipios de aportar al plan de salud y al sistema de retiro, conocido como “Pay as You Go”, un estatuto que se firmó el año pasado para tratar de evitar que los ayuntamientos caigan en una situación precaria y que ponga en riesgo sus operaciones.

“Nos estamos preparando para la determinación que tome el tribunal… buscando alternativas para en la eventualidad de que el tribunal la desestime, que es lo que entendemos que va a pasar”, expresó la primera ejecutiva tras concluir una reunión en la alcaldía de Lares, con su alcalde José Rodríguez Ruiz.

Respondió que la próxima vista en el tribunal -con la jueza Laura Taylor Swain- será pronto, aunque no precisó fecha y determinó que el gobierno se encuentra evaluando alternativas “para paliar el efecto que eso va a tener”.

¿O sea, que está contemplando un fallo adverso?, se le cuestionó.

“Sí, porque, pues, obviamente, nos tenemos que preparar para lo peor para que no nos sorprenda”, sostuvo.

En cambio, insistió en que se están contemplando unas alternativas para disipar el daño que supondría a los municipios la eliminación de la Ley 29. Sin embargo, rechazó ofrecer información adicional al respecto.

“De hecho, son unas alternativas que han sugerido los mismos alcaldes y creo que lo vamos a poder resolver”, dijo.

Se le cuestionó si las posibles soluciones sobre la mesa contarían con el aval de la JSF y la gobernadora respondió que “sí”.

¿Qué alternativas son?, le cuestionó la prensa.

“Vamos a reservárnoslas para ver qué pasa”, fue su respuesta.

Vázquez Garced se ha comprometido a defender la Ley 29 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios en los pagos al plan de salud del gobierno y el sistema de retiro desde que asumió el cargo en agosto, tras la súbita salida de Ricardo Rosselló, quien -precisamente- firmó la ley en mayo del año pasado.

La controversia por el estatuto surgió luego que la JSF presentara una demanda contra el gobierno alegando que la ley es incompatible con el plan fiscal certificado y que no se asignaron los fondos para su financiamiento.

Los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes habían expresado preocupación sobre las consecuencias que tendría sobre la isla que el tribunal federal dé paso a invalidar la ley y advirtieron que al menos 30 municipios estarían en peligro de cerrar operaciones.

Alcaldes de liderato dentro del Partido Nuevo Progreista (PNP), como Ramón Luis Rivera, expresaron en el pasado que la eliminación del estatuto limitaría los servicios a la ciudadanía. “¿Qué pasaría si llegara otro evento como María? ¡Que Dios nos coja confesados y no pase!; pero aquí la historia demostró que los municipios fueron los que dieron la respuesta inmediata”, sostuvo Rivera a este diario en el verano pasado.

Urge encontrar alternativas

La gobernadora Wanda Vázquez y la Legislatura tendrán que buscar una solución para evitar la quiebra económica que podrían enfrentar “más de 30 municipios” si finalmente se queda sin efecto la Ley 29 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, como anticipó la primera ejecutiva.

Así lo establecieron los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes, el arecibeño Carlos Molina y sanlorenceño José “Joe” Román, respectivamente.

Tras la expresión de la gobernadora de que todo apunta a que el gobierno perderá la demanda, Molina clamó por una “reunión de emergencia” entre los alcaldes, el gobierno y la Legislatura.

“Esto es una emergencia. Esto provoca reuniones de emergencia y tenemos que buscar soluciones de emergencia. Se trata de los servicios a la gente que tú no se lo puedes quitar”, afirmó el presidente de la Federación de Alcaldes.

El arecibeño sostuvo que es la gobernadora y la Legislatura quienes deben concederle soluciones “para que los municipios puedan seguir brindando servicio a la gente”.

Afirmó que, si se deja sin efecto la Ley 29 y no se les brinda solución, se dejaría “inoperante” a los ayuntamientos. “El gobierno va a tener que recoger la basura y hacer todo el trabajo de los municipios y le va a costar más. Lo mejor es buscar alternativa con los municipios. Eso es ya, porque el gobierno le quitó los municipios los $375 millones que le daba para establecer el fondo de equiparación”.

Román, quien es presidente de la Asociación de Alcaldes, no estableció todavía que se trata de una emergencia. Dijo que la gobernadora está hablando de un escenario que no ha ocurrido, pues la jueza Swain no ha emitido una opinión en el caso.

No obstante, expuso que ya el gobierno y la Legislatura tiene ante la mesa varias alternativas que podrían tomar para socorrer a los municipios de una quiebra.

“Ante ese panorama, y la gobernadora estando consciente, hay que buscar una solución y alternativa para que se le devuelva el dinero que le corresponde a los gobiernos municipales”, sentenció.

Tanto Molina como Román hablaron que una de las principales alternativas es que el gobierno no le quite al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) el 1.03% de los recaudos. Esto les dejaría a los municipios sobre $100 millones.

El presidente de la Asociación también incluyó el que el gobierno contrate a los municipios para ciertos servicios. A modo de ejemplo, mencionó el transporte y la seguridad escolar.

“Siempre el estado le paga al privado y a los gobiernos municipales no les paga. Mira que simple es eso”, sentenció el líder de San Lorenzo.

Emprenderán la lucha

Antes de darse por vencido, los alcaldes han encomendado a los abogados del CRIM a someter en los próximos días un escrito ante la corte para que “lleve unos planteamientos adicionales, que los abogados del estado no habían llevado, y que los abogados del CRIM van a llevar para explicarle a la juez cuál sería la situación de convertir nula la Ley 29”, informó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

El primer planteamiento será que si se les impone a los ayuntamientos el pago al plan de salud y al retiro “están en peligro de no pagarse” unas emisiones de bono que se pagan de fondos ordinarios.

“Al tener que devolver dinero de la reforma, que es dinero que el municipio ha gastado, los deja sin chavos para operar. Si se quedan sin chavos, no podrían pagar unos préstamos que tienen de fondos operacionales”, informó Rivera Cruz.

Además, los abogados del CRIM pedirán que si se declara nula la ley sea de forma prospectiva y no se le cobre el dinero de este año fiscal en curso.

“Eso sería llevadero, porque no se tendría que dar dinero ya gastado”, explicó el bayamonés.

Asimismo, Rivera Cruz cree complicado que el gobierno pueda socorrer a los municipios si se deroga la ley.

“El gobierno tiene una situación económica complicada y la Junta le va a controlar el dinero”, puntualizó.