La gobernadora Jenniffer González Colón informó el veto de una medida que, según aseguró, contradecía la política pública de su administración y podría provocar un impacto económico negativo para el gobierno.

Se trata del Proyecto del Senado 67, que buscaba enmendar la Ley 253-1995, conocida como la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, para atemperar la definición de entidad autorizada para el cobro del seguro obligatorio a la evolución del marbete electrónico. La medida disponía que la selección y pago del seguro obligatorio en vehículos con más de tres años de fabricación se realizara durante el proceso de inspección vehicular en una entidad autorizada para cobrar dicho seguro.

No obstante, la mandataria explicó en declaraciones escritas que un análisis realizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) concluyó que el proyecto “impone nuevas responsabilidades y cambios operacionales sin contemplar una asignación presupuestaria para su implementación; carece de claridad reglamentaria sobre la administración de sanciones e ingresos bajo el nuevo esquema propuesto; y su implementación tendría un impacto fiscal negativo, no contemplado en el presupuesto certificado para el Año Fiscal 2025-2026, estimado en aproximadamente $2.67 millones en reducción de ingresos relacionados a las comisiones derivadas de las transacciones procesadas mediante CESCO Digital, ingresos que actualmente forman parte de la operación del sistema digital gubernamental”.

Por otra parte, la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico advirtió que la medida restringe la libre selección del consumidor al obligar que la selección y pago digital del Seguro de Responsabilidad Obligatorio se realice exclusivamente en centros de inspección vehicular, limitando así el acceso del ciudadano a otros canales autorizados, como colecturías, bancos, cooperativas y CESCO Digital.

Según indicó la Oficina del Comisionado de Seguros, esta limitación desvirtúa el propósito de modernización y flexibilidad que actualmente ofrece el sistema digital implementado por el Gobierno de Puerto Rico.

“Cualquier cambio a este sistema debe realizarse de manera estructurada, y fiscalmente responsable, protegiendo la libre selección del consumidor y garantizando la estabilidad operacional y tecnológica del Gobierno de Puerto Rico. Aprobar esta medida, sin atender estas consideraciones, podría resultar en una política pública de difícil implementación y con efectos adversos sobre el ciudadano y las agencias concernidas”, explicó la mandataria.

Gobernadora firma legislación para agilizar procesos en el Registro de la Propiedad

Además del veto, González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 972, ahora Ley 94-2026, una medida de administración que enmienda la ley hipotecaria y la Regla 55 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para facilitar el tráfico jurídico.

La medida también busca continuar el proceso de modernización y digitalización del Registro de la Propiedad iniciado con la Ley 210-2015. Asimismo, establece requisitos para ser nombrado Registrador de la Propiedad, entre ellos haber sido admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la profesión de abogado y notario, contar con al menos cinco años de experiencia en la profesión o experiencia previa como Registrador de la Propiedad, y tener buena reputación.