Personal del Departamento de Hacienda continuó en la mañana de hoy, miércoles, su cruzada contra los negocios que adeudan contribuciones a la agencia con el embargo de tres establecimientos por múltiples violaciones al Código de Rentas Internas.

Los agentes tomaron las instalaciones del gimnasio Bodyplex, en Guaynabo, que le debe a la agencia unos $200,000 aproximadamente por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), retención patronal y retención de servicios prestados, informó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.

Igualmente, intervinieron en Vega Alta con la empresa de servicios de seguridad Storm Speed Protection por una deuda de cerca de $40,000 de IVU recaudado y no remitido.

Mientras, en el municipio de Loíza, embargaron el restaurante La Mina, que según la agencia acumuló deudas por aproximadamente $170,000, principalmente por contribuciones sobre ingresos y violaciones al reglamento de ley de máquinas de entretenimiento.

Entre los tres, la deuda suma poco más de $400,000.

“Hemos realizado el procedimiento de embargo preventivo de propiedad mueble a unos 57 negocios por deudas contributivas que ascienden a más de $29 millones. De estos negocios, unos 43 han radicado una petición al amparo del capítulo 11 del Código de Quiebras, con el propósito de reorganizarse”, resumió Zaragoza el saldo de los operativos que iniciaron en noviembre del año pasado.

Con la quiebra, explicó, los comercios pueden mantener operaciones al mismo tiempo que establecen un plan para cumplir con responsabilidades contributivas.

“Si el plan de reorganización presentado es confirmado por el Tribunal, este comerciante estará obligado a cumplir un plan de pago bajo la supervisión de la Corte de Quiebras Federal. Si por el contrario, no pueden presentar un plan viable, entonces la deuda no podrá ser restructurada y perderán la protección de la Ley de Quiebras”, expuso el funcionario mediante comunicado de prensa.

Señaló, además, que los negocios que han radicado quiebra continúan con sus operaciones, de igual forma que los que han pagado sus deudas con la agencia.

Por su parte, Víctor Pizarro Núñez, secretario auxiliar de Rentas Internas, manifestó que los comerciantes tienen que comprender que el incumplimiento con las disposiciones contributivas tiene consecuencias.

“El compromiso del Departamento de Hacienda con el pueblo es asegurarse que todos los comercios estén compitiendo bajo las mismas condiciones. La economía se afecta negativamente en la medida que un evasor contributivo compite directamente con aquellos comerciantes que responsablemente cumplen con el Código de Rentas Internas”, expresó Pizarro.

Zaragoza agregó que la gestión de embargos ha tenido un efecto multiplicador, pues por cada empresa intervenida se han acercado otras voluntariamente a poner al día su situación contributiva.

“Las acciones que el Departamento está realizando buscan salvaguardar que el estado reciba el dinero que le corresponde. Queremos que tanto los individuos como los empresarios se den cuenta que el incumplimiento con el Departamento de Hacienda tiene unas consecuencias”, sostuvo el funcionario.

Los embargos, según ha reiterado el secretario, tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de la deuda con el Estado Libre Asociado. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad, ya sea mediante pago o con evidencia de haberlo realizado. Después de dicho periodo, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos.