A la jueza Laura Taylor Swain se le está acabando la paciencia con Puerto Rico y por ello, decidió este lunes, mantener para el 8 de noviembre el inicio de la vista de confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y al hacerlo, ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al gobernador Pedro Pierluisi y la Legislatura a entrar en un proceso de mediación.

También, y de manera tajante, Swain ordenó al organismo fiscal no retirar el PDA -como amenazó ante el impasse de la Legislatura- hasta que el Equipo de Mediación encabezado por la jueza de quiebras, líder del Equipo de Mediación, Barbara Houser, rinda un informe el próximo 2 de noviembre para constatar si en efecto, la audiencia de confirmación del PDA puede llevarse a cabo en las fechas programadas.

En una reunión que tomó unas dos horas y cuatro minutos, Swain expresó su preocupación de que por falta de un acuerdo y luego de millones de dólares de los contribuyentes puertorriqueños e incontables horas de negociaciones, Puerto Rico pueda perder la protección que ha tenido hasta ahora con la ley federal Promesa. El estatuto ha protegido a Puerto Rico de todo tipo de litigios y demandas por el impago de la deuda por espacio de cinco años.

Ante ese riesgo que podría poner en jaque las operaciones gubernamentales, la jueza Swain prefirió dar un plazo adicional para lograr un acuerdo entre la JSF y las autoridades puertorriqueñas.

Swain afirmó que Puerto Rico se encuentra en su punto más cercano para reestructurar la deuda y asegurar pagos por “un período extendido”y mencionó que el PDA tiene beneficios significativos para Puerto Rico.

“Seré honesta, mi paciencia se está acabando”, indicó la jueza al abrir la vista de emergencia que convocó para conocer directamente detalles del tranque que ha surgido en la Legislatura de Puerto Rico para aprobar el Proyecto de la Cámara 1003, que contempla el PDA.

Horas antes de la audiencia, el liderato legislativo y el gobernador Pedro Pierluisi anunciaron un acuerdo que permitiría validar en el Senado y la Cámara de Representantes el plan de ajuste negociado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Ante la falta de votos la semana pasada en el Senado para validar el acuerdo y la incertidumbre que eso provocó, la JSF ha pedido aplazar el inicio de las vistas de confirmación del plan, que está previsto para el 8 de noviembre.

La JSF, por medio de su directora ejecutiva Natalie Jaresko y su abogado, Martin Biennenstock, indicaron en la sesión de hoy que si el inicio de las vistas de confirmación no era aplazado, pedirán desestimar el plan de ajuste de la deuda.

Para Jaresko, el lenguaje acordado por el gobierno de Puerto Rico que se quiere llevar mañana a votación en la Legislatura puertorriqueña no será aprobado por la JSF, principalmente porque echa a un lado la congelación de las pensiones.

Al dar espacio para un proceso de mediación, la jueza Swain solicitó a la JSF esperar por esas conversaciones y no radicar una petición para desestimar el PDA, que en este momento requiere la aprobación de la Legislatura de Puerto Rico.

Antes de la audiencia de hoy, cuatro de los cinco grupos de bonistas que pactaron con la JSF para renegociar la deuda del gobierno central advirtieron el domingo a los directivos de ese organismo que si no cumplen con el “generoso” plazo de tiempo que concedieron para confirmar el PDA del gobierno central, no tendrán otra alternativa que ejercer sus derechos, incluyendo la posibilidad de solicitar la desestimación del proceso de bancarrota en el tribunal.

El abogado Biennenstock, a nombre de la JSF defendió el lenguaje validado por la Cámara de Representantes, que sostiene asegura que no habrá recortes en el pago mensual de las pensiones del gobierno y frena que se aumenten por inflación. “Necesitamos legislación que no sea ambigua”, indicó Bienenstock.

Brian Rosen, también abogado de la JSF, indicó que el plan de ajuste exige la aprobación legislativa a más tardar el 15 de diciembre, pero que el ente fiscal tiene el poder para aplazar unilateralmente esa fecha hasta el 31 de enero.

Por su parte, John Rapisardi, representante legal del gobernador y abogado de la firma O’Melveny & Myers, abogó por permitir que el proceso continúe, ante el acuerdo anunciado en las últimas horas por el liderato legislativo y el Ejecutivo de Puerto Rico.

Para Rapisardi, antes de ordenar un cambio en la agenda de las vistas de confirmación, el tribunal debe esperar a que las dos cámaras legislativas de Puerto Rico aprueben una nueva medida y que sea revisada por la JSF.

Haciendo una alusión al fútbol estadounidense, Rapisardi sostuvo que “estamos en la yarda uno, y no podemos perder la bola”.

“Para finales del día de mañana, podemos tener legislación que necesitamos aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes. Y probablemente la firmaré”, indicó el gobernador Pierluisi, al suscribir las expresiones de su abogado.

Pierluiso exhortó a la jueza a no permitir que se tire en este momento una línea en la arena que impida avanzar el proceso.