El Departamento de Justicia concluyó que la evidencia recopilada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) no es suficiente para imputar responsabilidad penal a la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, por la alegada filtración de una denuncia de violencia de género que involucra a la senadora Joanne Rodríguez Veve.

Según Justicia, la investigación no produjo prueba que vincule a Piñeiro Vázquez con la divulgación inicial del documento en controversia ni que demuestre una revelación de información protegida en violación de ley.

“Se concluyó que las expresiones de la Procuradora ocurrieron sobre una controversia ya pública y no constituyeron una infracción penal ni a las disposiciones de confidencialidad de la Ley 54-1989 o la Ley 22-1988. Conforme a estos hallazgos, hemos notificado formalmente a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente nuestra recomendación de que no se designe un FEI”, informó la agencia en declaraciones escritas.

La querella había sido presentada por la propia senadora Rodríguez Veve.