El representante Rafael "Tatito" Hernández hizo esta mañana nuevas imputaciones de corrupción en contra del alcalde de Vega Baja, Edgar Santana Rivera.

En esta ocasión, alegan que otorgó un  contrato para el cual no contaba con fondos ni permisos y para el que no realizó subasta.

Hernández había presentado la resolución  478 en la Cámara de Representantes para investigar el asunto, mas alega que la presidenta del cuerpo, Jenniffer González, no le dio  paso al mismo, por lo cual la emplazó hace unos días. Sin embargo, para no dilatar el proceso, dijo que él  mismo referirá el caso al secretario de Justicia, Antonio Sagardía, y al contralor Manuel Díaz Saldaña.

Esta mañana Hernández, junto a los legisladores municipales de Vega Baja, Marcos Cruz Molina y Dorián Gaetán, denunció que Santana Rivera le otorgó a un contratista un trabajo de reparación de un rompeolas y la carretera 692 en la playa Puerto Nuevo, para el que  no tenía el dinero ni los permisos requeridos.

"Tenemos evidencia circunstancial del Administrador del Municipio de Vega Baja (José V. Rodríguez) aceptando de que el proyecto se hizo, no sólo sin los fondos, sino que ni siquiera tenía el dinero para comenzar", indicó Hernández.

"El contrato es ilegal. Aquí lo más importante es que el municipio no puede solicitar contratos si no tiene los fondos disponibles", agregó Hernández.

En una carta enviada al representante Hernández por el administrador municipal se lee: "En lo que se implementaba todo el plan de trabajo antes relacionado conforme requiere la ley, se firmó por error un contrato, el cual requería la correspondiente certificación de fondos por su validez, la cual no tenía".

"El contratista por su propia iniciativa, se tomó el riesgo de realizar unos trabajos los cuales no pueden ser satisfechos en ley, a menos que los reclame ante un Tribunal y éste ordene el pago de los mismos".

A Santana Rivera ya se le investiga por un alegado soborno a un contratista. Fue el propio  gobernador Luis Fortuño el que remitió el caso al Departamento de Justicia. Se dice que Santana Rivera le pidió $250 mil al contratista a cambio de un contrato con el municipio, que sólo recibió $50 mil y entonces procedió a cancelar el mismo.