Aunque desde la Fortaleza y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) parecen estar jugando a la papa caliente para determinar si se viabiliza la liberación de algunos confinados como medida cautelar ante la emergencia del COVID-19, en la Junta de Libertad Bajo Palabra han dado un paso al frente agilizando la evaluación de 372 casos que podrían beneficiarse del privilegio y desarrollando un “task force” que examina 69 expedientes que serán presentados a la gobernadora Wanda Vázquez Garced como candidatos a clemencias ejecutivas.

Así lo explicó en entrevista telefónica con Primera Hora la presidenta de la JLBP, la licenciada Astrid Pérez, quien a preguntas de este diario dijo estar de acuerdo con las recomendaciones que han surgido de diversos sectores para que liberen confinados -bajo una serie de requisitos- en medio de la crisis suscitada a nivel mundial por el novel coronavirus.

Entre los que han sugerido a los gobiernos la liberación de reos se destacan portavoces de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch. Además, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, ordenó el viernes a la Oficina de Prisiones aprovechar más el arresto domiciliario y agilizar la excarcelación de presos de alto riesgo que puedan recibir este beneficio en tres penales federales donde se han disparado los casos de coronavirus, según reportó Prensa Asociada. Hasta ese momento, 91 reclusos y 50 empleados habían dado positivo al coronavirus en las instalaciones penitenciarias federales en diversas partes de Estados Unidos. En Puerto Rico, a la fecha, no hay registro de casos positivos a coronavirus en instituciones correccionales.

El COVID-19, al igual que otras enfermedades infecciosas, presenta un riesgo de propagación grave para las poblaciones que viven en estrecha proximidad, como lo son las cárceles. Países como Canadá, Alemania e Irán han liberado reos durante la crisis de pandemia como medida cautelar.

“Nosotros definitivamente estamos a favor de esas recomendaciones, siempre y cuando se salvaguarde los derechos de las víctimas de delito y también del confinado pues creemos en la rehabilitación. Y, debe haber sus excepciones con los que cumplen por algunos crímenes violentos o agresiones sexuales. Gracias a Dios no ha llegado ningún caso de coronavirus a las cárceles, pero puede ocurrir y hay que estar preparados”, determinó por su parte la presidenta de la JLBP.

En ese sentido dijo que los miembros del organismo están trabajando remoto todas las vistas pautadas en agenda “para cumplir con el proceso de ley y los términos establecidos a estos fines”.

Explicó que para el mes de abril hay 132 casos citados y para mayo 240, lo que suma un total de 372 evaluaciones que se efectuarán mediante videoconferencia. De la dinámica participa el confinado y su abogado, el miembro de la JLBP y el técnico sociopenal asignado al caso.

La abogada hizo hincapié en que todos estos casos fueron referidos a la Junta por el DCR, al tiempo que aclaró que la evaluación de conceder el privilegio dependerá de los informes que realice el técnico sociopenal, quien deberá corroborar que el posible candidato tengan una vivienda segura al ser excarcelado.

“Nuestras expectativas es atender los casos de abril en ocho días e igual los de mayo… se conglomeran 20 por día. Pero es importante aclarar que antes de comenzar todo este proceso se le informa a todas las víctimas de delito y estas tienen 20 días para responder. Esa es una parte del reglamento que garantizamos conforme a la ley”, dijo.

“Pero, de igual forma te informo que se están transcribiendo 21 concederes que se entregarán la semana que viene (esta semana) al departamento de Corrección con las condiciones de la libertad bajo palabra”, agregó.

De otra parte, dijo que se creó un equipo especial o “task force” con cuatro oficiales examinadores que tienen la responsabilidad de evaluar decenas de casos de clemencia ejecutiva que se le entregarán a la gobernadora.

“Estamos trabajando 69 expedientes a todo vapor… ya tenemos 21 que se le enviarán a la gobernadora con las recomendaciones correspondientes… al tratarse de indultos totales sabemos que es algo que ella debe evaluar con mucho detenimiento. Esto es un privilegio, la gobernadora es conocedora del derecho y tendrá que revisarlos con mucha seriedad”, expuso Pérez al añadir que Vázquez Garced puede requerir a los miembros de la JLBP informes adicionales, evaluaciones psicológicas o la verificación de alguna información que crea pertinente al caso.

La funcionaria desconoce cuántas clemencias ejecutivas hay actualmente bajo la consideración de la primera ejecutiva, pero aseguró que hay varias en Fortaleza desde 2017.

Diversas fuentes han confirmado a Primera Hora que la gobernadora tiene sobre la mesa la evaluación de apoyo a una medida que daría luz verde a la liberación de confinados en Puerto Rico a través de diversas vías y fases como un proceso de respuesta ante la emergencia suscitada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Los informantes indicaron que la semana pasada hubo una reunión en Fortaleza donde se discutió el tema y se le requirió al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, proceder a elaborar un plan de trabajo con especificaciones de quiénes cualificarían para las excarcelaciones y los requisitos para activar la iniciativa siempre y cuando se pueda salvaguardar los derechos de las víctimas como del confinado.

De manera escueta, Rivera Juanatey, expresó a este diario por escrito que no abonaría “a crear expectativas” en este momento.

“Si en algún momento la política pública del Gobierno se dirige a que el sistema correccional implemente cualquier plan que conlleve la salida de confinados, el DCR está preparado y puede estar seguro de que se le va a comunicar a los medios de la manera más transparente posible, como de costumbre”, agregó el funcionario sin abarcar más detalles.

En Puerto Rico, fue el senador Héctor Martínez quien levantó bandera sobre el tema cuando convocó a una conferencia de prensa para solicitar al gobierno que promoviera la liberación de confinados mayores de 60 años o enfermos, así como los de custodia mínima que están próximos a cumplir su sentencia.

“Un brote de coronavirus en una cárcel sería devastador”, sentenció el senador al mencionar varias alternativas de liberación de confinados que podrían considerar en el DCR.

Destacó que la medida debe enfocarse en los reos más vulnerables que serían aquellos mayores a 60 años, los que tienen una prognosis corta de vida o el diagnóstico de una enfermedad crónica, así como los que están próximos a cumplir su sentencia, o los que no representan ningún riesgo para la comunidad, como pudieran ser los convictos por tener deudas de pensión alimentaria.

Hizo claro que los candidatos debían cumplir con otros requisitos, como tener buena disciplina y la garantía de ser aceptado por algún miembro de su familia una vez sea excarcelado. También se le debe notificar a las víctimas de delito en un término máximo de cinco días, opinó.

De otra parte, Primera Hora solicitó la semana pasada una reacción de la Fortaleza para conocer si la Primera Ejecutiva evalúa la solicitud de la ONU y del legislador novoprogresista. Por escrito, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, lanzó la papa caliente sobre el asunto a discreción del secretario de Corrección, indicando que este tiene autoridad en ley para implantar cualquier plan que conlleve la posible liberación de presos.

"Comprendemos el reclamo del senador Héctor Martínez y de los sectores que promueven la salida de confinados ante la situación del COVID-19. De igual forma, reconocemos el delicado balance que hay que hacer en este tiempo ante la necesidad de mantener el ordenamiento jurídico y penal constitucional y legalmente establecido. Si en algún momento, el secretario de Corrección y Rehabilitación determina utilizar los poderes que brinda la Ley Orgánica del Departamento para implantar cualquier plan que conlleve la salida de confinados, Puerto Rico puede tener la seguridad de que lo hará de manera transparente, pública y ordenada”, respondió Pabón.

Según datos provistos por el DCR, actualmente hay 39 confinados que podrían cualificar para pase extendido por un programa de desvío. “La cualificación final se determinará luego de evaluar el ajuste institucional más reciente”, explicó por escrito Damarisse Martínez, portavoz de prensa de la agencia.

En cuanto a la población de 60 años o más se determinó que los mismos suman un total de 248 reos, siendo el de mayor edad un hombre de 91 años.

En cambio, esto no significa que todos cualificarían para una posible liberación pues estarían excluidos los ofensores sexuales o los que hayan cometido otros delitos graves como asesinato.

Primera Hora solicitó a la agencia conocer cuántos confinados están próximos a cumplir sentencia en 30 días pero la información no se precisó, aunque se aclararon que los expedientes de los reos se actualizaron en términos de las bonificaciones a través de récord electrónico. “El acceso a la información física de manera remota por institución es limita debido a la situación. Podría tramitarse más adelante”, respondió Martínez.

Sin embargo, una solicitud para conocer cuántos reos pudieran estar cumpliendo condena en seis meses fue respondida con mayor claridad.

“Como indicado, el sistema correccional carece de un expediente digital, por lo que para proveer ese dato habría que examinar todos los expedientes de los 8,960 confinados (al 2/abril/20) de manera física para calcular cuáles salen en 6 meses. Ahora bien, el promedio de los que suelen cumplir por mes es de 90 a 110 confinados mensual”, determinó la portavoz.