El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó ayer un alza de 3.32 centavos por kilovatio-hora (kWh) o 13% en la factura de luz, que estará en vigor desde hoy, 1 de abril, hasta el 30 de junio.

Se trata del sexto incremento trimestral consecutivo avalado por el ente regulador independiente, que plasmó su determinación en una resolución y orden, de la que este diario obtuvo copia.

El aumento fue endosado de forma unánime por el presidente del NEPR, Edison Avilés, y los cuatro comisionados asociados. Sin embargo, es menor al solicitado originalmente por LUMA Energy –a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)–, que ascendía a 16.8%.

Para un cliente residencial promedio no subsidiado, con un consumo de 800 kWh, la factura subirá de $204.02 a $232.57, es decir, $26.57 adicionales al mes entre abril y junio.

Según la resolución y orden, el costo del kWh se elevará de 25.50 a 28.82 centavos. En el documento –de 24 páginas–, el ente regulador independiente no detalló el impacto para los abonados comerciales ni industriales, que suelen tener un costo energético más alto.

Lo atribuyen al costo del crudo

De acuerdo con el NEPR, el elemento “que más incidió” sobre los nuevos factores de ajuste trimestrales fue el aumento en el precio del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales, sobre los que Puerto Rico no tiene control.

Por los pasados dos años, el costo del barril de crudo ha subido consistentemente tras su desplome luego de la declaración de la pandemia de COVID-19. La guerra entre Ucrania y Rusia ha elevado los precios todavía más.

De otra parte, la razón principal del ente regulador independiente para no autorizar el incremento originalmente solicitado fue el diferimiento de $40.54 millones, divididos en dos partidas.

La primera de esas partidas son los $30.2 millones que la AEE pidió, por medio de LUMA, que se les cobraran a los clientes y que corresponden a la compra de derivados de petróleo –búnker C y diésel– para sustituir el gas natural que debió ser suplido por las compañías New Fortress y Naturgy. Al no tener dicho suministro, el costo de operación en las unidades #5 y #6 de la central San Juan, así como en las unidades #5 y #6 de Costa Sur, en Guayanilla, ha sido mayor.

El NEPR le requirió a la AEE que, conforme a los contratos con ambas empresas, se les reclame y cobre el diferencial del costo que la corporación pública pagó para sustituir el gas natural. Aunque las reclamaciones aún están en curso, el ente regulador independiente entendió razonable diferir el cobro de los $40.54 millones a los abonados, al menos, hasta tanto se sepa si se logrará recuperar el dinero.

“(El diferimiento) no representa, en estos momentos, un riesgo respecto al balance de la cuenta operacional de la Autoridad, a su flujo de caja o al balance en las cuentas de servicio para la operación del sistema de transmisión y distribución”, se indica en la resolución y orden.

La segunda partida son los $10.34 millones que el gobernador Pedro Pierluisi asignó a la AEE, el pasado miércoles, provenientes de sobrantes de fondos federales de la ley CARES, para “mitigar el impacto en el precio de la energía eléctrica”, según un comunicado de prensa que La Fortaleza difundió ese día.

El NEPR advirtió que, sin ambos diferimientos, el aumento aprobado hubiera sido de 4.265 centavos por kWh.

Una combinación “fatal”

“El rol de Negociado es hacer un balance en pro del interés público. Eso implica velar que no se le pasen gastos excesivos al consumidor, pero igual significa evitar las irresponsabilidades gerenciales que llevaron a la Autoridad a la quiebra. Lamentablemente, los costos de los combustibles aumentaron y eso obliga a un ajuste que garantice el funcionamiento continuo del sistema eléctrico”, dijo en un comunicado el presidente del NEPR.

Avilés, quien es ingeniero y abogado, añadió que el sistema eléctrico “sigue dependiendo de combustibles fósiles y de plantas que han excedido su vida útil original”, lo que resulta en una combinación “fatal” cuando los precios del combustible suben “vertiginosamente”, como ha ocurrido en los pasados meses.

“Este ejercicio trimestral debe ser un recordatorio de la urgencia que reviste la modernización del sistema eléctrico y el desarrollo de fuentes de energía renovable en Puerto Rico”, aseveró.

Durante el proceso de participación ciudadana para los nuevos factores de ajuste trimestrales, el NEPR recibió 12 comentarios de parte de clientes, un grupo de interés y un productor independiente de energía. En términos generales, presentaron oposición a la propuesta sometida por LUMA, a nombre de la AEE.

Por ley, el NEPR tiene la última palabra sobre cualquier aspecto tarifario. Cada tres meses, el ente regulador independiente revisa los factores por compra de combustible y compra de energía y, dependiendo de los gastos e ingresos reportados, se les cobra o reembolsa a los abonados.

La próxima revisión trimestral será a finales de junio de 2022.

Pendiente de aprobación

Como otra medida para paliar el alza en el petróleo y su efecto en la  luz, Pierluisi radicó, el lunes, un proyecto de administración para poner en pausa el cobro del arbitrio de combustible por 45 días.

Como fuente de repago, la medida –pendiente de aprobación– autoriza que la Asociación de Suscripción Conjunta emita un dividendo por $50 millones y que el Departamento de Hacienda le imponga una contribución de 50%, lo que generaría $25 millones, que es el costo estimado de la suspensión temporal de la “crudita”.

Según el gobernador, su pieza cumple con el principio de neutralidad fiscal que establece la ley PROMESA.