El representante y portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo J. Torres García, presentó un referido formal al Departamento de Justicia solicitando una investigación urgente contra la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Torres apuntó que la licenciada Natalia Zequeira, y la actual comisionada de la agencia, la licenciada Mónica Rodríguez Villa, pudieron incurrir en actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

El referido surge tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, según Torres, “revela un patrón alarmante donde el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”.

Torres alude a un intercambio de mensajes atribuido a la entonces comisionada Natalia Zequeira, donde una allegada le solicita que al momento de imponer una multa añadiera un “Croqueta Fee” y un “Cabr%@ Fee” contra Allied Fleet Services Inc. y AAA Car Rental.

Según se desprende de la declaración jurada, el “Croqueta Fee”, surge de una comunicación vía mensaje de texto enviada a Zequeira “por su amiga íntima, Natalia Castiel. La señora Castiel, quien acababa de terminar una relación sentimental con el gerente de la empresa afectada, le sugirió a la entonces Comisionada que, al momento de ejercer su poder regulador y multar a la entidad, inventara e impusiera este cargo arbitrario junto a otros epítetos insultantes”.

“Lo que comenzó como un comentario de desprecio entre amigas, presuntamente se materializó en una persecución institucional que resultó en multas reales de miles de dólares”, indicó Torres.

El legislador, en su comunicación, indicó los mensajes en los que se emplean lenguaje soez e, incluso, van más allá al, alegadamente, al utilizar la expresión “Yo lo mataría x ti. But he deserves a long and painful death (pero él merece una muerte larga y dolorosa)” , “son profundamente perturbadoras y totalmente incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio público. Más grave aún cuando provienen de una funcionaria con amplios poderes regulatorios y sancionadores sobre empresas privadas en Puerto Rico”.

El legislador sostuvo que luego de esos mensajes, la OCIF comenzó una serie de actuaciones contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental que incluyeron multas de decenas y cientos de miles de dólares, así como denegatorias de licencias.

Además, bajo la administración de la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa, quien fungía como subcomisionada bajo Zequeira, continuó el patrón de hostigamiento regulatorio contra la empresa.

“El país tiene que preguntarse si en Puerto Rico se estaban imponiendo multas regulatorias basadas en evidencia y ley… o basadas en corajes personales, amistades y venganzas privadas. El llamado ‘Croqueta Fee’ simboliza exactamente el tipo de degradación institucional que no podemos permitir”, añadió el representante.

El referido solicita al Departamento de Justicia una investigación independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, incluyendo la preservación inmediata de toda evidencia electrónica relevante, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal.

Torres advirtió que, de confirmarse los hechos, el caso representaría “uno de los ejemplos más peligrosos de utilización del poder gubernamental como herramienta de represalia personal”.

“Las agencias reguladoras existen para proteger al pueblo, no para ejecutar vendettas personales desde el gobierno. Nadie puede convertir el poder del Estado en un arma privada”, concluyó el legislador.

La actual comisionada declinó ofrecer expresiones, según publicó El Nuevo Día.

Igualmente, Zequeira -nombrada por el exgobernador Pedro Pierluisi en 2021 y quien salió de la OFIC en junio pasado- tampoco se ha expresado tras los señalamientos, resaltó el rotativo.