La administración de Luis Fortuño presentó el proyecto de ley que crea la Oficina de Gerencia de Permisos (Ogpe) y que sustituye la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe) la que durante el proceso de transición -que se prolongará por un año- coexistirá con la nueva dependencia.

No obstante, el secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, rechazó que se aumente la burocracia en el proceso para adquirir un permiso.

"No se está creando duplicidad, lo que se está haciendo es agilizando el proceso", dijo el funcionario a su salida de una reunión con el Gobernador en La Fortaleza.

Sin embargo, Pérez Riera no aclaró cómo se reduciría la burocracia.

El proyecto de administración se sometió el lunes, fecha límite para radicar medidas durante la presente sesión legislativa.

Sin embargo, el gobierno no tiene un estimado de cuánto se ahorrará el erario con el nuevo modelo.

Pérez Riera explicó que la Ogpe se nutrirá de algunos de los empleados que quedarían cesantes con la eliminación de Arpe y de otras agencias reguladoras.

"Hay un proceso de transición que va a tomar un tiempo en lo que esta oficina se va supliendo de los diferentes empleados, pero la ley provee para un proceso de transición ordenado", destacó Pérez Riera a los periodistas.

Según datos ofrecidos por Pérez Riera, actualmente existen ante la Junta de Planificación 900 proyectos pendientes de evaluación y adjudicación, mientras que en Arpe hay otros 4,000, lo que tendría un impacto económico de sobre $2,000 millones.

La Ogpe estaría compuesta por expertos en el proceso de permisología de dependencias gubernamentales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Compañía de Turismo, entre otras, que al presente colaboran con la agencias reguladoras como la JP y Arpe en el trámite de permisología.

La oficina contaría con un gerente de permisos ambiental, uno de salud y seguridad, cultura y asuntos históricos, infraestructura y uso de terrenos.

La Ogpe también tendría adscrita una Junta Adjudicativa que atendería los casos que conlleven discreción o que presenten variaciones de construcción o de uso, o que conlleven re zonificación.

La nueva propuesta establece un periodo máximo de tres meses para contestarle a un proponente si se expide o no un permiso solicitado que no requiera consulta de ubicación.