Mientras el liderato de la Cámara de Representantes insistió este martes en que la prioridad del gobierno debe ser cumplir con los ciudadanos y no con el servicio de la deuda, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, advirtió que esa vía de acción es poco probable al señalar que incumplir con el pago de las obligaciones que vencen en diciembre y enero podría traer complicaciones mayores, pues se trata de deuda de rango constitucional, garantizada por el gobierno de Puerto Rico.

Tan pronto culminó su turno de preguntas durante una vista pública conjunta de las comisiones de Gobierno y de Hacienda, el presidente cameral, Jaime Perelló, dijo haber quedado insatisfecho con las respuestas ofrecidas por Acosta sobre la forma en que se maneja la crisis fiscal, y reclamó al Ejecutivo actuar con firmeza y claridad en esta etapa del proceso.

Aunque Perelló reiteró que no se puede buscar liquidez en el gobierno con medidas como la reducción de jornada laboral, y el impago de los reintegros, del Bono de Navidad y a los suplidores, por el impacto económico que eso tendría, Acosta, quien es la principal oficial financiera de esta administración, fue enfática en que el pago de unos $350 millones que el BGF tiene que hacer el 1 de diciembre al servicio de la deuda, y de otros $330 millones que el Departamento de Hacienda (DH) tiene que desembolsar el 1 de enero tienen la más alta prioridad. 

“Aquí ya hubo un ‘default’ de PFC (la Corporación para el Financiamiento Público). Sin embargo, esos pagos que vienen ahora son pagos de la deuda más alta que tiene el gobierno. El problema es que, si uno va a dejar de hacer ese pago, siendo la deuda más importante del gobierno, antes tiene que dejar de hacer otros pagos. Estamos trabajando. Nosotros, al igual que ustedes, no queremos cerrar el gobierno , no queremos mandar la gente a la casa”, indicó la presidenta del BGF a preguntas de Perelló. 

“La deuda de diciembre y enero es la deuda más importante, y tenemos que hacer lo posible por pagarla”, subrayó. 

Acosta resaltó que la deuda del BGF que vence en diciembre data de 1985, y que, además de estar garantizada por el gobierno, está asegurada. Indicó que están en conversaciones, que no detalló, para cumplir con esas obligaciones. 

Durante su exposición ante los representantes, la exsecretaria de Hacienda dijo que el gobierno contempla presentar a sus acreedores su propuesta para reestructurar la deuda entre el 18 y 19 de noviembre, y comentó que durante los pasados meses prepararon el terreno para cuando ese momento llegara.

A esos fines, analizaron con detenimiento la magnitud del déficit, que estimó que, en un plazo de cinco años, alcanzaría los $28,000 millones. La proyección del Ejecutivo es que, con el plan de ajuste fiscal, que tiene un componente de desarrollo económico, en ese mismo período la insuficiencia de fondos se reduzca por $14,000 con un crecimiento económico de 2.5%. Sin embargo, en ese escenario, tampoco podría pagarse la deuda en los términos negociados.

A las afueras del salón Severo Colberg, donde se efectuó la vista, tanto Perelló como el representante Charlie Hernández, portavoz de la mayoría parlamentaria, y el representante Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, insistieron en que el Ejecutivo mantiene un doble discurso, y que las próximas semanas serán determinantes para que demuestre, sin ambigüedades, cuál será la política pública en torno a la crisis fiscal.

A juicio de los legisladores, el gobierno debe comenzar a ejecutar todas las medidas que han sido aprobadas para atajar sus problemas financieros, y no debe temer a posibles demandas de los acreedores si se materializa el impago de la deuda. 

“No es la primera vez que, en medio de un proceso judicial, las partes lleguen a un acuerdo… Si a lo que esto va a llevarnos es a una litigación sobre el pago de nuestra deuda, a lo mejor esa es la coyuntura, como un mediador que es el tribunal, para esa negociación tan urgente que necesita Puerto Rico”, dijo Hernández López.

“El pueblo no le puede tener pánico ni temor a que tengamos que entrar en una litigación para defender el interés del pueblo puertorriqueño. A fin de cuentas, aquí lo que está en juego es el bienestar del pueblo puertorriqueño a corto, mediano y largo plazo… Sí, hay ánimo de pagarles a los acreedores, pero no puede ser a expensas del bienestar del pueblo puertorriqueño”, abundó el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).

Durante la audiencia pública, la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuestionó a Acosta sobre qué garantías hay de que la propuesta Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica cumpla sus propósitos si las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda están por comenzar, y poner a funcionar el nuevo ente tomaría varios meses. 

“La ley es un elemento dentro de todo el proceso de reestructuración. Ese papel (la ley), aunque no esté la comisión (la junta), si ese papel les da a ellos suficiente certeza de que el gobierno va a cumplir con lo que le va a prometer a ellos, ese papel ayuda a que ellos entren y acepten lo que se les va a pedir”, manifestó la presidenta del BGF. 

Los representantes del PNP también preguntaron de qué manera se asegurará que se cumplan las disposiciones de la legislación si el gobierno ya ha incumplido con estatutos como la Ley 66 de emergencia fiscal que estableció medidas extraordinarias para aplacar la crisis. 

Legislatura incluirá enmiendas

El Senado y la Cámara tienen hasta este jueves para aprobar el proyecto del Ejecutivo, pues ese es el último día de aprobación de medidas durante la presente sesión ordinaria. Hernández Montañez anticipó que le incluirán enmiendas a la pieza, y destacó que la intención es mantener la junta como un organismo que asegure el flujo de información sobre las finanzas públicas. Indicó que se mantendrán medidas de supervisión como la exigencia de que se sometan informes periódicos y que se evalúe el cumplimiento de las agencias con sus presupuestos. 

Acosta recalcó durante la vista que cualquier cambio debe preservar la independencia de la junta. “En la medida en que haya enmiendas que le quiten independencia la junta, la estaríamos matando”, sostuvo la funcionaria, quien también señaló que aplicar cambios en esa dirección podría crear dudas entre los acreedores y bonistas sobre la efectividad de esa herramienta. 

En tanto, en el Senado, el presidente de ese cuerpo, Eduardo Bhatia, no anticipó mayores problemas para que la medida pase el cedazo legislativo, pero reconoció que aún no han discutido las enmiendas con el Ejecutivo. 

“No hemos discutido con el Ejecutivo las enmiendas, pero no son enmiendas muy grandes. El proyecto que vino del Ejecutivo tampoco es un proyecto de control fiscal, es más un proyecto de supervisión fiscal”, puntualizó Bhatia.