Un nuevo reporte sobre el brote de coronavirus en el centro de cuido prolongado de envejecientes Hogar Villa Almirante, en Vega Baja, concluyó que los 22 ancianos que viven en el lugar -y ocho empleados- se contagiaron con COVID-19.

El alarmante escenario es investigado por la Junta de Licenciamiento del Departamento de la Familia (DF) y las unidades de Maltrato Institucional y la de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico, ante la posibilidad de que el dueño o administradores del lugar hayan incurrido en negligencia crasa, en algún tipo de maltrato institucional y que se haya incumplido con el protocolo promulgado por la agencia desde inicio de la pandemia, entre otros.

Así lo informó a Primera Hora el secretario del DF, Orlando López Belmonte, al indicar que contrario a la cooperación que hubo por parte del personal de un hogar de ancianos en Carolina, en el que se detectaron casos positivos a COVID-19, en el centro de cuido de Vega Baja “el dueño no fue muy proactivo y obvió parte del protocolo de manejo de pacientes con coronavirus” que había establecido el gobierno.

A través de una entrevista con el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, trascendió que los primeros casos positivos a coronavirus en el hogar se detectaron más de 10 días antes de que la información fuera difundida a los medios de comunicación por el gobierno el pasado 19 de julio.

Además, según Cruz Molina, ante la falta de plantilla – pues la mayoría se contagió con el virus- el dueño del hogar, su esposa y su hermano tuvieron que atender a los residentes junto a dos empleados de otros centros de cuidado prolongado que operan bajo la misma administración. Adicional a este panorama, el centro enfrentaba, a su vez, otra crisis salubrista pues se habían identificado casos de residentes infectados con micoplasma, una enfermedad contagiosa también conocida como neumonía atípica.

“No puedo entrar en los datos de nuestra investigación administrativa, pero te puedo decir que está bien adelantada, mientras el Departamento de Justicia, a través de la fiscal Rita Rodríguez, también realizan unas pesquisas sobre este hogar… es importante que se sepa que los centros que no estén cumpliendo con el protocolo y medidas de seguridad que buscan proteger a nuestros adultos mayores se exponen a multas, cierres y remoción de licencias”, acotó López Belmonte.

Dijo que en caso de que el hogar pierda la licencia corresponde notificar inmediatamente a los familiares de los envejecientes y se provee un periodo de transición para que los residentes puedan ser reubicados a otros hogares. “Si se remueve licencia a ese operador le brindaremos a los familiares otras opciones de otros hogares para que hagan los trámites”, sostuvo al aclarar que de los 22 ancianos contagiados, cuatro están bajo custodia del DF y fueron removidos del lugar tan pronto trascendió el caso. Otros 18 participantes viven en el lugar mediante contratos privados.

Sobre el estado de salud de los residentes, el secretario fue enfático en que “todos se encuentran en buen estado de salud… fueron asintmáticos”.

“Queremos aclarar que el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud se presentaron a este hogar a dar apoyo tan pronto se supo de la situación. De hecho, ese apoyo se ha dado hasta el presente”, dijo el funcionario.

Mientras tanto el secretario del DF reiteró la importancia de seguir los protocolos de manera rigurosa para disminuir el riesgo de contagio y proteger esta población vulnerable y señaló que se inició una ronda de inspecciones sin avisar por hogares de ancianos alrededor de la isla para asegurarse de que los centros están cumpliendo con las instrucciones.

Anteriormente, Salud y el DF habían informado de un brote de COVID en un hogar de ancianos en Carolina, donde se llegaron a registrar 23 contagios al virus y dos fallecimientos. El nombre de hogar nunca fue revelado.

Hoy, el secretario de Salud, Lorenzo González, detalló que el 87% de las muertes por COVID-19 en Puerto Rico corresponden a personas de 50 años o más. Como ejemplo, mencionó que ayer -cuando se habían notificado 201 muertes por coronavirus- 176 eran de personas de esta población.

De otra parte, el secretario de Familia sostuvo que de los 850 centros de cuido prolongado para adultos que operan bajo la licencia de la agencia – y en el que viven alrededor de 30,000 personas-, la Guardia Nacional ha podido realizar pruebas diagnósticas de COVID-19 en 286. Esto representa un 34% del total de hogares. Mientras, los administradores de 350 hogares han decidido realizar pruebas privadas a sus residentes.

La Asociación de Dueños de Centros de Cuido Prolongado ha solicitado al gobierno dar prioridad a la población a la hora de realizar pruebas de COVID-19, sobretodo tomando en consideración la escasez de reactivos que hay en la isla para procesar estos análisis.