Agustín Montañez deberá permanecer como Procurador de Veteranos
El tribunal federal le dio una orden de protección temporera para que continúe en el cargo.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
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El juez federal Juan M. Pérez Giménez ordenó al gobernador Alejandro García Padilla retirar el nombramiento del coronel Héctor López como Procurador del Veterano y que Agustín Montañez Allman continúe en el puesto hasta que no se determine una orden final en la demanda sometida por éste último.
Pérez Giménez concedió una orden de protección temporera para que se le permita a Montañez Allman continuar en el cargo como Procurador del Veterano, y recordó a las partes que escuchará los argumentos de cada cual en una vista el 15 de octubre.
"Alejandro García Padilla nombró al coronel Héctor López como Ombudsman del Veterano el 3 de octubre pasado a pesar de conocer la existencia de esta acción legal y que hay una vista el 15 de octubre para discutir el caso en sus méritos", lee la decisión emitida hoy el juez federal.
Al igual que el Procurador para las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, Montañez Allman demandó a nivel federal a García Padilla y a otros por entender que se le removió ilegalmente de su puesto. La demanda incluye una reclamación de más de $10 millones.
En el caso de Díaz Carrasquillo, alega que su posición es ejecutiva, cuasi judicial y cuasi legislativa, por lo que no se le puede remover del cargo para el que fue nombrado a ocupar 10 años. Su caso está pendiente ante el juez federal Daniel Domínguez, quien decidió que permanezca en el cargo en lo que el Tribunal Supremo aclara varios puntos.
Montañez Allman demandó a García Padilla, a la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, y a los senadores Rossana López, Eduardo Bhatia y Miguel Pereira el 6 de septiembre pasado por entender que se le removió del cargo por discrimen político y por violación al debido proceso de ley.
"Montañez sin duda experimentaría un daño irreparable si esta orden de protección no se emite y el Senado procede con la confirmación de López y Montañez no sea reinstalado en sus funciones. Los demandados no han emitido un argumento persuasivo que explique cómo los poderes constitucionales del Gobernador se afectan al permitir que Montañez permanezca en su posición hasta que esta corte emita una determinación en este caso. El daño de la parte demandante sopesa el daño de los demandados", lee la orden del juez.
En la demanda de Montañez, señala que el 19 de agosto pasado se le entregó una carta al procurador firmada por García Padilla notificándole que se nombró un comité de transición y que la también demandada Elizabeth López Cabrera ocuparía el puesto interinamente, aún cuando no es veterana. Esto a raíz de la eliminación de la ley de reorganización de las procuradorías firmada por el exgobernador Luis Fortuño, que había propuesto que estuvieran juntas bajo la Oficina de la Administración de las Procuradorías.
Montañez fue confirmado en la posición en noviembre de 2011 y su término expira en noviembre de 2021. Estuvo en el Golfo Pérsico de 1990 a 1991.
"Es obvio que la alegada reorganización no era más que una farsa con el único propósito, verdadero motivo y agenda política contemplada por los demandados para disponer de Montañez como procurador del veterano, simplemente por su afiliación política con la administración previa y no con el nuevo gobierno del Partido Popular Democrático, y tratar de sustituirlo con un nuevo término de 10 años por alguien nombrado por la presente administración", alega en la demanda de Montañez, en la que se incluye su esposa y sus hijos como afectados, y alega que éste sufre de estrés, no puede dormir, ansiedad y humillación.
Montañez solicita que se le permita terminar su término como procurador y que se declare que las acciones tomadas fueron en contra de las leyes y de la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos, además de que se declare que tiene derecho propietario de la posición.
El abogado de la parte demandante es Fredeswin Pérez Caballero y la abogada de la parte demandada, Wandymar Burgos, del Departamento de Justicia y quien también representa al gobierno en la demanda de Díaz Carrasquillo.

