El director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Jorge E. Galván, expuso en una ponencia ante la Comisión de Salud, Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado que incluir a todos los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico, así como a los Policías Municipales, sus hijos y cónyuges en el Plan de Salud de Gobierno (PSG) tendría un impacto económico sustancial que deberá ser sufragado con el Fondo General Estatal.

El Proyecto del Senado 150, que se discute en vista públicas por el autor de la medida, el senador por el distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, promueve la inclusión en el PSG de estos servidores públicos, tanto a los miembros activos como a los pensionados, a sus hijos y cónyuges, los cuales han planteado por años que con los ingresos que reciben se les dificulta tener acceso a la mayoría de los planes médicos privados y a la cubierta de farmacia.

Se requiere de una enmienda a la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a los fines de incorporar a estos beneficionarios.

La medida legislativa presenta también como una alternativa la aportación que debería hacer el empleado retirado a la prima del seguro de salud de acuerdo con la pensión que reciben.

Sin embargo, Galva citó un estudio actuarial que fue presentado el año pasado ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuando se contemplaba extender la cubierta del PSG a los policías estatales y los oficiales de custodia de la Administración de Corrección y Rehabilitación, que reflejó un impacto económico en el Plan Vital de entre $32.5 y $54.1 millones, sin incluir a los policías municipales.

“Resulta preocupante que se considere la aprobación del P. Del S. 150, debido al impacto económico que al momento resulta desconocido, pero tremendamente significativo para el erario. De aprobarse la presente medida legislativa se advierte que deberían identificar los fondos estatales adicionales y recurrentes para el PSG. De igual modo, adviértase que ya una medida similar ha estado bajo consideración del JSF por impactar a gran escala el presupuesto del gobierno de Puerto Rico”, argumentó Galva.

El funcionario se puso a disposición de la comisión para realizar un estudio sobre el impacto que tendría el proyecto de ley.

“Es de gran importancia señalar, que, de aprobarse el proyecto, los pensionados que reciben hasta $1,500 de pensión recibirán beneficios de salud bajo el PSG de forma gratuita. Asimismo, las aportaciones de los policías pensionados que no sean orgánicamente elegibles al Programa de Medicaid deberán ser sufragadas enteramente por fondos estatales, ya que sus ingresos sobrepasan los estándares de elegibilidad del Programa”, sostuvo Galva.

Aunque reconoció la importancia de la iniciativa, enumeró mecanismos que atienden parcialmente esta necesidad de servicios ya que los policías estatales y municipales tienen la opción de acogerse al PSG de acuerdo con su nivel de médico indigencia, según determinado por la Oficina del Programa de Medicaid. En el caso de la Policía Municipal su patrono tendría que enviar la aportación a ASES.

De no cualificar para acogerse a los beneficios del Medicaid, puede solicitar la cubierta bajo la categoría de ELA-Puro.

Una tercera alternativa que tienen los policías municipales para tener acceso al Plan Vital es a través de la Ley 63 del 21 de junio del 2010, que les confiere a los municipios a negociar un plan médico para todos los empleados y si fuera seleccionado, podrían tener esa cubierta con las aportaciones que se establezcan.

Más beneficios

Por su parte, el presidente de la Asociación de Policías Veteranos y Retirados Área Norte Arecibo, Juan A. Gabriel Agosto, favoreció el proyecto legislativo y solicitó a la comisión que los beneficios se extiendan a aquellos retirados o sus dependientes que padecen de enfermedades terminales tales como Alzheimer, cáncer u otras condiciones crónicas o para los que se encuentran encamados.

Además, propuso que se incluya los servicios dentales en la cubierta básica y que no se les restrinja el acceso a citas médicas de emergencia a través de la solicitud de referidos.

“Y si el asegurado desea una cubierta ampliada que así lo exprese cuando se acoja a dicho plan. Estamos de acuerdo que la aportación de $50.00 y hasta $100.00 es buena y no hace mucha mella en el sueldo pues a veces gastamos más que eso en una quincena para algo que no es de mucha necesidad, pero esto es para beneficio del asegurado y su componente familiar”, planteó.

También expuso que el plan debe ser aprobado para su uso fuera de Puerto Rico, aunque la persona esté de vacaciones o tenga que viajar de emergencia para recibir algún tratamiento, mediante un sistema que valide la información y que si tiene que pagar por algún tratamiento no sea una suma exorbitante.

Mencionó casos de policías activos y veteranos que han resultado lesionados mientras laboraban y al no recibir beneficios del Fondo del Seguro del Estado agotan sus días acumulados de licencias de enfermedad y de vacaciones hasta que finalmente se ven obligados a renunciar porque no pueden cumplir con su horario de trabajo.

“...terminan reportándose enfermos agotando sus días por enfermedad y de licencia regular y añadiendo las horas extras y cuando vienen a ver se quedan sin ningún tiempo compensable pago y o tienen que renunciar y al perder el ingreso monetario caen en depresión y o ansiedad pues la agencia los lesionó más que el accidente y los olvida”, afirmó.

Si se aprueba el proyecto tendría el efecto de retener a los policías de nuevo ingreso, dijo Gabriel Agosto.

“Al policía responsable le da miedo enfermarse pues no tiene un buen plan médico que lo respalde y lo ayude cuando más lo necesita y pueda seguir sirviéndole al pueblo de Puerto Rico...Que este plan no quede engavetado y se apruebe lo más pronto posible”, fue su pedido.