El vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Roberto Rodríguez Casillas, defendió la decisión de la jueza que tomó la decisión de no extender una orden de protección a Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, quien fue asesinada este martes por su expareja en Carolina.

Según explicó la determinación judicial de no extender una orden de protección responde al ejercicio legítimo de la discreción judicial aquilatar la prueba presentada en sala conforme al derecho aplicable y a los elementos sometidos ante la consideración del tribunal en ese momento.

En declaraciones escritas, Rodríguez Casillas sostuvo que, “las decisiones judiciales se emiten a base de la evidencia disponible durante los procedimientos y dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”.

A su vez, advirtió que no debe desviar la atención de la única persona responsable del asesinato, en este caso su expareja, ya que “pretender atribuir responsabilidad a la jueza por los actos criminales posteriores cometidos por el agresor constituye una conclusión incorrecta”.

“Trasladar esa responsabilidad hacia la judicatura erosiona la confianza pública en las instituciones y desconoce la naturaleza y los límites de la función judicial”, sostuvo.

Rodríguez Casillas, reafirmó el compromispo de la judicatura con la “justicia imparcial, sensible y fundamentada en el debido proceso de ley, así como con la protección de las víctimas de violencia de género y el fortalecimiento continuo de los mecanismos judiciales dirigidos a atender estos casos con la mayor diligencia y sensibilidad”.

El representante del gremio judicial puntualizó, además, que la educación es clave para romper los esquemas de poder y control en las relaciones de pareja.

Finalmente, expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima.

El día de los hechos surgió de la investigación de la División de Homicidios que existía una orden de protección a favor de la víctima que fue expedida en marzo y venció el 14 de abril de este año. La jueza Geisa M. Marrero Martínez, vio la vista en su sala y determinó no extender su vigencia por falta de motivos suficientes.

Durante la mañana de hoy La Colectiva Feminista en Construcción llevó a cabo una protesta frente a la Administración de Tribunales censurar las decisiones judiciales tomadas previo al feminicidio de Lozada Navarro.