Un gran jurado emitió acusaciones federales contra dos individuos a los que se les imputa la operación de una incineradora de materiales patológicos, en violación a la Ley de Arie Limpio.

La Fiscalía federal identificó a los acusados como Ramón Plaza Gregory, propietario de Mo-Na-Co Biomedical & Enviromental Corp en Aguadilla, e Ileana Cortés González, quien junto a Plaza Gregory operaba la incineradora. Según el parte de prensa, también se radicaron cargos contra le empresa.

De acuerdo a la acusación emitida por el gran jurado, aunque la empresa tenía permisos para la quema de residuos patológicos, a partir del 21 de agosto, Plaza Gregory y Cortés González quemaron materiales sin permiso, utilizaron equipos defectuosos y excedieron los límites de emisiones. Las infracciones le fueron notificadas por un inspector de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ante lo que se alega que Plaza Gregory comenzó a operar la incineradora durante fines de semana y días festivos, lo que llevó a una nueva intervención.

En septiembre del 2024, los permisos de la empresa expiraron y no fueron renovados, sin embargo, alegan las autoridades federales, los acusados continuaron operando la incineradora los fines de semana y generando emisiones hasta al menos abril de 2026.

Se explicó, además, que la empresa incumplió con mantener un registro de incineración. Se alega que entre otras cosas, en el lugar se incineraban desperdicios biomédicos y cadáveres de animales.

“Mónaco violó a sabiendas su permiso de la Ley de Aire Limpio al quemar desechos biomédicos y, una vez que su permiso expiró por completo, continuó quemando desechos patológicos, como cadáveres de animales. Es imposible determinar la contaminación dañina que se emitió debido a la incineración inadecuada e incompleta”, declaró el Administrador Auxiliar de la EPA para la Aplicación de la Ley y el Cumplimiento, Jeffrey A. Hall. “El presidente de la compañía ocultó deliberadamente estas infracciones al no registrar información básica sobre lo que se quemaba, al no mantener siquiera un termómetro en funcionamiento y al operar los fines de semana y días festivos. La protección del medio ambiente depende de que las empresas intenten cumplir la ley de buena fe, y estas infracciones reiteradas y a sabiendas, así como la evasión intencional de los requisitos de la Ley de Aire Limpio, justifican sanciones penales”. añadió el funcionario.

“Garantizar que todos los residentes de Puerto Rico disfruten de un ambiente saludable, libre de desechos peligrosos y otros contaminantes, es una prioridad absoluta para la Fiscalía federal, el Departamento de Justicia y nuestros socios federales y locales”, declaró por su parte el Fiscal federal W. Stephen Muldrow. “Mantenemos nuestro compromiso de proteger a nuestras comunidades de los riesgos ambientales y para la salud”.

“Los delitos ambientales no son abstractos ni carecen de víctimas; afectan la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestras comunidades”, sostuvo por su parte Carlos R. Goris, director de la Oficina del FBI en San Juan. “El FBI se compromete a trabajar con nuestros socios para investigar estas violaciones y garantizar que los responsables rindan cuentas”, añadió.

Contra Plaza Gregory y Cortés González se radicaron cinco violaciones a la Ley de Aire Limpio y cinco cargos por conspirar para violar dicha ley.

De ser declarados culpables, los imputados se exponen a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 por cada cargo. Mientras la empresa puede enfrentar multas máximas de 500,000 dólares por cada cargo.

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la EPA y la Oficina del FBI en Aguadilla, las cuales participan en el Grupo de Trabajo contra los Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.