La jueza Ángela Díaz encontró causa para el arresto del exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz, por 19 cargos relacionados a su participación en el llamado escándalo del chat político de WhatsApp.

En el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, Ramos Sáenz fue acusado de 17 violaciones del artículo 252 del Código Penal por aprovechamiento de servicios y propiedad pagada con fondos públicos, un cargo por el artículo 250 (enriquecimiento ilícito) y uno por el artículo 12007 del Código Electoral, según informó el fiscal especial Ramón Mendoza, quien estuvo acompañado por los fiscales Iris Meléndez y Guillermo Garau.

El exjuez se allanó al proceso y le fue impuesta una fianza de $1,000 por cada cargo, que totalizó $19,000.

La vista preliminar fue señalada para el 16 de noviembre.

A eso de las 10:00 a.m., Ramos Sáenz llegó cabizbajo y en silencio al tribunal acompañado por su abogado, Ivandeluis Miranda.

Primero el acusado se personó a la Oficina de Servicio con Antelación a Juicio, donde manifestó que se sometería al proceso en su contra, no sin antes catalogar de “tragedia” lo que vive su familia.

Según trascendió en la denuncia que originalmente presentó en febrero pasado el senador popular Aníbal José Torres, el juez Ramos Sáenz compartió la toma de decisiones judiciales con miembros del equipo de campaña de Ricardo Rosselló a través de dos grupos de WhatsApp, llamados “Coffee Break” y “Estructura Gerencial”. 

En mayo a secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, refirió al PFEI a Ramos Saénz y también refirió a cinco altos funcionarios del Ejecutivo: el secretario de la Gobernación, William Villafañe; la subsecretaria Itza García; excoordinadora del programa de gobierno de Rosselló y creadora de los grupos en WhatsApp, la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado; la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Gobernador, Yesenia Díaz; y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo.

Sin embargo, los miembros del FEI decidieron no radicar cargos contra los miembros de la campaña política de Rosselló por falta de evidencia.