El convicto narcotraficante, Carlos “Cano Gurabo” Morales Dávila, solicitó el jueves, una “terminación temprana de libertad supervisada” a la corte federal.

La petición la hizo a través de su abogado, Edwin Prado Galarza.

Lo llamativo del caso es que tanto la sentencia como sus peticiones ante el Tribunal federal de Distrito están selladas, por lo que se desconoce cuánto de la pena impuesta por el exjuez federal Daniel Domínguez en realidad cumpliría Morales Davila.

El caso contra “Cano Gurabo” se remonta a finales del 2014, cuando un gran jurado emitió una acusación en su contra por narcotráfico y lavado de dinero, junto a otro grupo de 16 individuos.

El 9 de febrero de 2017 se declaró no culpable de dirigir una poderosa organización criminal en la Isla, a pesar de estar preso en la Institución Correccional Federal (FCI) de Beumont, Texas. Allí cumplía una sentencia de 12 años de cárcel por narcotráfico en el estado de Florida.

En esa época, el hombre fue traído a Puerto Rico desde Texas para enfrentar el proceso judicial.

Según el expediente judicial, fue el 14 de febrero de 2017 que se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal.

El acuerdo alcanzado, según el documento judicial, le libró de cumplir una condena perpetua en prisión por los delitos achacados. En cambio, se le clasificó en una guía de sentencia 36, por lo que se recomendó una pena en prisión de entre 235 a 293 meses.

La sentencia, que se dio el 3 de marzo de 2022, se emitió bajo documentos sellados. En la actualidad, se desconoce cuál fue la pena impuesta por el exjuez.

No obstante, el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés) da cuenta que el convicto no está en una prisión federal desde el 4 de marzo de 2022, lo que supone que fue liberado tras ser sentenciado.

En la actualidad, Morales Dávila se encuentra en libertad supervisada.

Al alcanzar el acuerdo, Cano Gurabo aceptó haber conspirado para para traficar cocaína y heroína que provenía de Colombia. Esta droga era transportada a través de Venezuela, luego República Dominicana hasta llegar a Vieques. Entonces, era transportada en el transporte que proveía el gobierno de lanchas o “ferry” hasta Fajardo. (En la actualidad, el servicio se da hasta Ceiba.)

Una vez la droga estaba en la Isla, parte de esta era enviada a Estados Unidos. También vendían la droga en Vieques, Fajardo, Naguabo y Caguas. Se alega que en esta actividad se generó $1,000 millones.

Como parte del proceso judicial, al convicto se le confiscó una residencia en la urbanización Vistamar Marina, en Carolina; una residencia en Paseo los Corales, en Dorado, un terreno de 5.7 cuerdas en Humacao y un apartamento en Miami, entre otras propiedades.