Un jurado federal encontró hoy culpables a Arnaldo Irizarry y Alejandro Riera Fernández por la acusación de fraude de $9 millones contra el Municipio de Mayagüez.

La vista de sentencia fue pautada para el 8 de febrero de 2023.

La fiscalía no objetó que los ahora convictos permanezcan con las mismas condiciones de libertad supervisada hasta el día de la vista de sentencia.

El veredicto surgió seis horas después de que el jurado comenzara a deliberar, en el octavo día de juicio contra dos de siete acusados por un pliego de 33 cargos criminales que emitió un gran jurado federal en marzo de 2021.

Previo al juicio, se declararon culpables por el esquema Eugenio García Jiménez, Roberto Mejill Tellado, Steve Minger, y los hermanos Stephen y Joseph Kirkland.

De izquierda a derecha, los acusados Arnaldo J. Irizarry y Alejandro Riera Fernández.
De izquierda a derecha, los acusados Arnaldo J. Irizarry y Alejandro Riera Fernández. (Alex Figueroa Cancel)

Irizarry fue asesor legal del alcalde de Mayagüez, mientras que Riera Fernández trabajó como director ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI).

A eso de las 5:00 de la tarde, el jurado notificó a la juez Aida Delgado que tenía un veredicto, que fue escuchado por ambos acusados al lado de sus respectivos abogados, y con familiares en los bancos de la sala judicial.

Más temprano, justo antes de que se llamara al jurado para leerle las instrucciones de deliberación, la defensa solicitó a la juez que absolviera de los acusados de los cargos por entender que la fiscalía no presentó evidencia suficiente para probar que participaron del esquema de fraude.

La fiscal federal Myriam Fernández González se opuso a la moción.

Por su parte, la juez denegó la petición indicando que se presentó prueba “suficiente” para que el jurado pueda evaluarla y determinar si hay duda razonable o no.

“Después del testimonio de los acusados ayer, queda como un asunto de credibilidad que le toca evaluar al jurado, no al juez”, explicó Delgado.

Desde el banquillo de los testigos, Irizarry y Riera Fernández aseguraron ayer que desconocían sobre el esquema de fraude hasta que se los informó un agente del FBI cuando los entrevistó en el 2018.

Ambos también sostuvieron que los pagos que recibieron del principal acusado y exconsultor administrativo del Municipio de Mayagüez, García Jiménez, fueron por servicios profesionales que cada uno le prestó directamente por acuerdos privados y supuestamente no relacionados a los $9 millones del caso.

Los dos también dijeron que conocieron a García Jiménez a través de la relación que tuvieron con MEDI y el Municipio. Irizarry detalló que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, fue quien le presentó a García Jiménez, como consultor financiero.

En contraste, un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Daniel Crecelius, alegó en el juicio que Irizarry y Riera Fernández le confesaron no haber hecho algún trabajo que justificara una compensación mensual que recibieron, entre 2016 y 2017, y que el dinero supuestamente provenía de los $9 millones que Mayagüez había invertido en la compraventa de valores en la bolsa.

De acuerdo con el pliego acusatorio, García Jiménez representó al municipio que colocaría $9 millones asignados en inversiones de alto rendimiento. Sin embargo, no lo hizo y, de inmediato, con la supuesta ayuda de los hermanos Kirkland y de Minger, transfirió ese dinero a otras cuentas a través de una red de entidades corporativas.

Casi la totalidad de los $9 millones provenían de resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa para reparaciones y mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez.

“Para el 9 de junio de 2016 se transfirió toda la cartera de inversiones de MEDI”, señala la acusación.

Según la fiscalía, parte del dinero se movió a cuentas bancarias corporativas y personales de los acusados quienes, supuestamente utilizaron parte del dinero en gastos como, la compra de embarcaciones, joyas, ropa, matrículas escolares, restaurantes, servicios públicos, pago de tarjetas de crédito e hipotecas, decoración y mejoras al hogar.

Entre esos gastos destaca la construcción de una piscina de $12,000 a Mejill Tellado y compras hechas por García Jiménez por $15,396 a la tienda del diseñador Ermenegildo Zegna en Nueva York.

A pesar de esos movimientos de dinero, el 6 de noviembre de 2017 García Jiménez “le representó fraudulentamente al alcalde de Mayagüez que MEDI invirtió los $ 9,000,000 y obtuvo un 18% de interés sobre el mismo, e instó al alcalde de Mayagüez a dejar la inversión por tres a cinco años ya que generaría $87,300.00 mensuales”.

En abril de 2018 supuestamente le hizo creer que la inversión estaba intacta y lista para ser reinvertida y generar intereses.

El FEI toma nota

El suspendido alcalde de Mayagüez y expresidente de la Junta de Directores de MEDI, José Guillermo Rodríguez, no fue acusado en este caso.

No obstante, en los últimos días del juicio este medio observó en las gradas del público en la sala judicial a la fiscal Leticia Pabón, de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), dependencia que sí lleva un caso estatal contra Rodríguez.

En junio pasado, una juez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Rodríguez y la gerente de finanzas de ese municipio, Yahaira Valentín Andrades, por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber.

El FEI los denunció a ambos por presuntamente, en concierto y común acuerdo, haber transferido a una institución bancaria en Estados Unidos $9 millones para destinarse a inversiones, pese a que ese dinero había sido asignado por la Asamblea Legislativa exclusivamente para mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez.

Según las denuncias, ese traspaso de fondos fue contrario al uso designado por legislación. Asimismo, al ejecutivo municipal y a la gerente de finanzas se les imputa negligencia por su presunta omisión en el cumplimiento del deber permitió que el Municipio de Mayagüez fuera víctima de un fraude originado por García Jiménez y otros contratistas de la municipalidad.

Ayer, para cuando Pabón tomaba notas en el tribunal federal, Irizarry indicó desde el banquillo de los testigos que Rodríguez le aumentó los honorarios a $10,000 mensuales por su asesoría legal y que poco después el hermano del entonces alcalde se le acercó para pedirle que por un periodo de tiempo donara $2,000 mensuales para el comité municipal mayagüezano del Partido Popular Democtático (PPD).