Evaluarán si vehículo contribuyó al accidente en que reos murieron ahogados
Todavía no ha planteado ninguna teoría sobre el efecto que un segundo vehículo en el lugar. (Vídeo)

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 14 años.
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La defensa del suspendido oficial penal Héctor Cruz Santiago someterá a la evaluación de un perito un vehículo que estuvo en la escena para determinar si, de alguna manera, contribuyó a que cayera en una charca inundada la guagua en la que viajaban y murieron ahogados ocho confinados.
La necesidad de inspeccionar ese vehículo, levantada por el abogado Ivandeluis Miranda, provocó que el juicio contra Cruz Santiago se suspendiera ayer en la sala de la jueza Mabel Ruiz, en el Centro Judicial de Arecibo. El inicio del juicio será, entonces, el 26 de marzo.
Miranda informó a la jueza que dispone de un perito en reconstrucción de escena para explorar la posibilidad de que el auto de un vecino del barrio Sabana Hoyos, en Arecibo, donde ocurrió el accidente fatal, hubiese afectado “el movimiento” y provocara la “caída” de la guagua del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Fuera de sala, el abogado explicó que todavía no ha planteado ninguna teoría sobre el efecto que un segundo vehículo en el lugar pudiera haber causado en el movimiento de la van en la que viajaban, esposados de manos y pies, los sumariados del campamento penal de Sabana Hoyos.
“La defensa tiene derecho a hacer las teorías que entienda pertinentes para la defensa de su cliente”, dijo, por su parte, el fiscal Ariel Chico Juarbe. “Nosotros entendemos que no hubo ningún vehículo que causara que ese vehículo de Corrección se fuera”, añadió.
El 7 de noviembre del año pasado, ocho de diez sumariados, que viajaban en el vehículo oficial del DCR murieron ahogados cuando Cruz Santiago pasó por un área inundada por las lluvias.
La van cayó en una quebrada y el agua la cubrió. Sólo dos confinados pudieron ser rescatados con vida. Por esos hechos se le imputa al oficial correccional ocho cargos de homicidio negligente.
Varias familias ya han presentado demandas contra el Estado por estas muertes.

