La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, aseguró hoy que la agencia intervino y realizó gestiones dirigidas a proteger al niño de siete años que fue apuñalado por su madre en la madrugada del lunes, en la urbanización Jardines, en Barranquitas.

La funcionaria reveló que se trata de un caso activo que ya estaba siendo trabajado conforme a los protocolos establecidos y bajo el seguimiento de personal del DF.

“Desde que el Departamento recibió los referidos relacionados con esta situación y con la señora Melicelis Ortiz Vázquez, previo al lamentable suceso ocurrido en la madrugada del lunes, nuestros equipos comenzaron a intervenir y a coordinar alternativas de apoyo y protección junto a la familia”, expresó la secretaria en un comunicado de prensa.

Se aclaró que la ahora imputada por cargos de tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y maltrato de menores, no acudido a la oficina local de Barranquitas en busca de ayuda, según los récords de la dependencia.

Debido a la relevancia del caso, el alto interés generado, Roig Fuertes decidió aclarar la secuencia de hechos de acuerdo con el informe oficial rendido por la agencia, ya que a su juicio la información que ha sido diseminada ha causado confusión.

El sábado, 2 de mayo, la agencia recibió un referido, por parte de la Policía, relacionado con un comportamiento errático de la señora Ortiz Vázquez, quien había llegado al cuartel de Barranquitas acompañada de su hijo, posteriormente, la mujer abandonó el lugar sin notificarlo a ningún oficial presente.

Al momento de realizar el referido, la Policía proveyó al DF información de contactos familiares de la señora Ortiz Vázquez y luego el personal entabló comunicación con la hermana del menor, de 22 años y residente independiente, quien informó que el niño se encontraba bajo su cuidado, debido a que la madre se lo había dejado cuidando mientras acudía a recibir atención médica en una institución hospitalaria.

El informe del DF establece además que, durante la mañana del domingo, la madre del menor llegó a la residencia de su hija e indicó que había abandonado el tratamiento que recibía en una institución hospitalaria y le solicitó que le entregara al menor. La hija informó en una entrevista con el personal de la agencia, al verla tranquila y en aparente buen estado, procedió a entregarle el niño.

Al regresar a su residencia junto al menor, Ortiz Vázquez, volvió a realizar llamadas erráticas al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó un segundo referido al DF, por parte de la Policía.

De inmediato, personal de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del DF se comunicó nuevamente con la hermana del menor, quien informó lo ocurrido. Durante esa intervención, la trabajadora social indagó sobre la red de apoyo familiar disponible, identificándose como recursos a la abuela paterna y dos tías maternas.

Como parte de la intervención, se estableció comunicación con una de las tías del niño para desarrollar un plan de seguridad familiar y la orientó sobre la posibilidad de gestionar una orden para su evaluación e ingreso involuntario a una institución hospitalaria de salud mental, de entenderse necesario, al amparo de la Ley 408.

No obstante, luego de dialogar entre sí, los familiares determinaron no solicitar el recurso que les provee la Ley de Salud Mental, en ese momento, y acordaron que madre e hijo y permanecerían en la residencia de una de las tías durante la noche del domingo al lunes, bajo supervisión familiar. La tía informó al DF, que ambos se encontraban tranquilos y en buen estado.

Como parte del seguimiento, el Departamento coordinó una visita al hogar para el lunes, mientras continuaba el monitoreo del caso y la evaluación de alternativas adicionales de apoyo. Como la posibilidad de gestionar servicios adicionales de salud mental, de entenderse necesario. La última comunicación documentada con la familia ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde del domingo.

“Desde el primer momento, el Departamento intervino y realizó gestiones dirigidas a proteger al menor y activar el apoyo familiar disponible. Se estableció un plan familiar temporero con el consentimiento y participación de los recursos identificados, mientras continuaba el monitoreo de la situación y la evaluación de medidas adicionales”, añadió la secretaria.

Tras los hechos ocurridos durante la madrugada de ayer, lunes, el DF asumió la custodia de emergencia del menor. Actualmente, el niño permanece bajo el cuidado de un recurso familiar que lo acompañó en la institución hospitalaria donde recibió la atención médica requerida.

Finalmente, la agencia reiteró su compromiso de continuar colaborando con las autoridades pertinentes y de velar por la seguridad y bienestar del menor afectado.

Esta tarde, la jueza Jenny Malavé, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto y le fijó a Ortiz Vázquez una fianza de $500,000, la cual no prestó por lo que fue encarcelada hasta la vista preliminar.