Las autoridades federales y estatales han arrestado a más de 30 miembros, de 50 órdenes emitidas, de una ganga que operaba desde la zona sur del país para traficar drogas y armas.

También las órdenes incluían seis arrestos en los estados de Pensilvania, Massachusetts, Florida y Ohio.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez ofreció detalles de la intervención e investigación que dejó al descubierto la forma en que estas gangas se ponen cada día más creativas para lograr sus objetivos.

En el caso de este grupo, que tenía su centro de operación desde el 2013 en los residenciales José M. Gándara y Hogares de Portugués, en Ponce, creaban etiquetas falsas, como de cannabis medicinal, para disfrazar la droga que traficaban en la zona sur y confundir a las autoridades.

La fiscal federal informó que ayer un gran Jurado Federal emitió un pliego acusatorio contra 50 miembros de una organización de conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas como heroína, crack, cocaína y marihuana.

La fiscal del caso, María Montañez, informó a preguntas de Primera Hora que el grupo generó millones de dólares producto de la actividad ilegal.

Este grupo “actuaban en diferentes roles para promover los objetivos de su organización” que incluía a los líderes, dueños de puntos de drogas, gatilleros, vendedores y facilitadores.

Contra cada uno de los 50 acusados se presentaron cinco cargos: conspirar con la intención de distribuir sustancias controladas; ayudar y propiciar la posesión y distribución de heroína; ayudar y propiciar la posesión y distribución de crack; ayudar y propiciar la posesión y distribución de cocaína y ayudar y propiciar la posesión y distribución de marihuana.

Contra 16 acusados se presentó un cargo adicional por posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico.

Como parte del operativo de hoy sacaron de circulación a diez personas que operaban en el residencial José N. Gándara; diez en Hogares Portugués; 13 en otras áreas de Ponce y siete se encontraban cumpliendo en prisiones estatales y federales por diversos delitos. Aún otros de los acusados estaban haciendo trámites para entregarse.

La fiscalía identificó como los líderes a Christopher “Keke” Román Medina y Víctor “Manuel Silva” Torres Galindo.

Rodríguez informó que como parte de la conspiración, los miembros de la ganga se reunían para discutir las actividades de la organización y tenían accesos a diferentes vehículos para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego.

Mencionó que con el fin de engañar a las autoridades,  creaban etiquetas falsas para identificar las sustancias controladas como recetadas para tratar condiciones médicas.

“Por ejemplo, la marihuana la empacaba en frascos con etiquetas especiales para que las autoridades pensaran que era cannabis medicinal. Estas gangas a través de los años se vuelven cada vez más creativas. Obviamente se aprovecharon del boom que hay del cannabis medicinal para ello disfrazar sus actividades ilegales”, explicó.

Salió a relucir en la conferencia de prensa que para trabajar las etiquetas tenían equipos de diseño e impresión.

De igual forma, la investigación reflejó que los líderes de este grupo determinaban la acción disciplinaria que le impondrían a los vecinos de los dos residenciales y a los miembros de la ganga si no cumplían con las reglas de la organización.

Las autoridades aceptaron que muchas veces en esas medidas disciplinarias caían vecinos inocentes que no estaban en el negocio.

“Estamos hablando de personas decentes que vivían en estos residenciales y también a ellos los penalizaban”, indicó.

Otra modalidad de estos individuos era ubicar los puntos de distribución de drogas en las escaleras de los caseríos mientras los portones permanecían cerrados para evitar que la Policía tuviera acceso al área.

A preguntas de prensa, de si la compañía administradora de los residenciales conocían de esto, Rodríguez no descartó que eso forme parte de la investigación.

De igual forma, para probar sus armas usaban cubos caseros y que a su vez evitaba ocultaba el sonido de los disparos.

Los detenidos enfrentan un mínimo de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua.

Además de la Oficina de Investigación Interna del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE/HIS) participan en la investigación la Administración de Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Puerto Rico, la Fuerza de Ataque de Ponce y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La investigación inició en el 2016.