La jueza Iris L. Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no emitió este jueves una orden de arresto por desacato contra el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, como lo reclamó el Senado de Puerto Rico por no haberle entregado detalles contributivos vinculados al exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

En cambio, la jueza decidió reservarse su fallo y emitir una decisión escrita “en un corto periodo de tiempo” para resolver la controversia en torno a si Hacienda debe o no cumplir con la petición de información que realizó el pasado 12 de marzo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para investigar a Sagardía.

Específicamente, la petición contra Hacienda era para que revelara si el exsecretario de Justicia sometió ante la agencia W2 o planillas informativas 480 a favor de otros abogados que supuestamente contrató para lograr cumplir con sus múltiples contratos en el gobierno. La información la requirió de los años contributivos 2024 y 2025.

En la vista judicial, que se emitió para evaluar un posible desacato de Pantoja Rodríguez, Hacienda insistió a través de sus abogados de que un contribuyente tiene derecho a la intimidad y que la Carta de Derechos protege a que se revelen sus datos contributivos.

La abogada Lorna María Rivera Franco, directora de Recursos Extraordinarios del Departamento de Justicia, manifestó que, al acceder a informar al Senado, “estaríamos trastocando la Carta de Derecho (del Contribuyente). No queremos verlo como que no se quiere cumplir”.

Mientras, los abogados del Senado precisaron que no han requerido los documentos contributivos, sino que se emita con una contestación de sí o no una respuesta en torno a si Sagardía sometió los documentos señalados.

“Es tan sencillo como informar si presentaron una informativa”, afirmó el abogado Miguel Angel Rodríguez Ramos, en representación del Senado.

Otro de los abogados del Senado, Ramón Ramos, expuso que los contratos de Sagardía no autorizaba a que Sagardía contratara a otros abogados para prestar servicios a las agencias gubernamentales en las que tiene contrato. Sacó a relucir que fue el propio Sagardía que en un tuit reveló que hacía contrataciones para que le ayudaran a prestar los servicios.

“Vemos por qué es importante que se provea la información y por qué es pertinente. La pregunta es por qué el poder ejecutivo no quiere proveer esa información. Lo que levanta suspicacia es por qué la negativa”, expresó Rodríguez Ramos.

De parte de Hacienda, la abogada insistió en la desestimación del proceso judicial y que se defienda el derecho de intimidad de los contribuyentes.

“La postura es en defensa de todos los contribuyentes y no una persona en particular”, afirmó Rivera Franco.

Hasta el momento, Rivera Schatz no ha precisado la razón para investigar las facturas y contratos que tiene Sagardía con el gobierno. No obstante, la investigación comenzó luego de que el abogado defendiera a la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, en medio de una controversia de negocios familiares.