El representante Félix Pacheco Burgos presentó la semana pasada una propuesta para implementar una amnistía de armas de fuego por 60 días, en la que se busca que las personas entreguen las armas y municiones que tienen de manera ilegal.

La medida específica que la Policía de Puerto Rico, quien estará a cargo del proceso de recogido de las armas, no podrá investigar ni procesar a ninguna persona que voluntariamente entregue un arma.

“Toda persona que entregue voluntariamente al Negociado de la Policía un arma de fuego ilegalmente adquirida, encontrada sin que se conozca su procedencia o que de cualquier otro medio ilegal llegue a su poder y que constituya posesión ilegal, no será acusado ni procesado por infringir estatuto o ley alguna que penalice dicha posesión ilegal o contraria a la ley”, se deja claro.

La propuesta, que se pretendió descargar en la Cámara de Representantes para ser aprobada sin el proceso de vistas publica, fue finalmente devuelta a la Comisión cameral de Seguridad Pública para su evaluación, surge del tracto legislativo.

en la exposición de motivos de la medida, el Proyecto de la Cámara 1260, se justifica esta amnistía, debido a que “una cantidad significativa de armas permanece fuera del control del Estado, ya sea como resultado de transferencias informales, herencias no registradas, licencias vencidas o posesión ilegal”.

“En ese contexto, la amnistía de armas se configura como una herramienta de política pública efectiva, pragmática y de alto impacto, al permitir que ciudadanos puedan regularizar su situación o entregar armamento sin exponerse a consecuencias penales. Este enfoque fomenta la colaboración ciudadana con las autoridades, reduce la carga investigativa del Estado y promueve una cultura de responsabilidad en la tenencia de armas”, se añade en la medida.

Este viernes, el presidente de la Corporación para el Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, emitió un comunicado de prensa para apoyar la medida.

Indicó que, desde finales del 2013 y principios de 2014, no se realiza una amnistía de armas en Puerto Rico. La misma fue de 15 días. Hubo otra de 60 días en el 2012.

Para Torres Meléndez, la nueva propuesta representa “una herramienta sumamente positiva para atender la realidad de miles de armas que permanecen fuera del sistema oficial de registro y control de la Policía de Puerto Rico, muchas de ellas heredadas, no registradas o en desuso, y que esta iniciativa puede contribuir significativamente a fortalecer la seguridad colectiva de la Isla”.

Añadió que “hacía más de diez años que Puerto Rico no veía una iniciativa de amnistía de esta magnitud y entendemos que este tipo de medida es buenísimo para Puerto Rico porque permite sacar armas de circulación, atender situaciones heredadas o irregulares y, sobre todo, fomentar la cooperación ciudadana en favor de la seguridad pública”.

Según explicó, esta propuesta no solo facilita la entrega voluntaria de armas y municiones, sino también establece mecanismos de recopilación de datos y evaluación de resultados. Dijo que eso permitirá medir el impacto real de la amnistía sobre la seguridad pública y fortalecer futuras estrategias gubernamentales.

Asimismo, Torres Meléndez vio como positivo que para la amnistía se proponga campañas de orientación pública y procesos confidenciales para la entrega de armas. Expuso que eso podría incentivar una mayor participación ciudadana y ayudar a prevenir incidentes violentos.

“En CODEPOLA estamos disponibles para colaborar y ayudar en esta iniciativa en todo aquello que contribuya a su éxito y a fortalecer la seguridad pública de Puerto Rico. Entendemos que este esfuerzo requiere la participación y cooperación de distintos sectores para lograr un impacto positivo real en nuestras comunidades”, afirmó.