Activistas de derechos civiles sostuvieron que las circunstancias del asesinato de un joven gay no resultan excluyentes con la aplicación de las leyes sobre crímenes de odio y que el crimen hay que analizarlo en el contexto de las políticas públicas implantadas a instancias del fundamentalismo religioso y sus organizaciones satélites.

"Las circunstancias en que ocurrió el despiadado asesinato del joven Jorge Steven López no excluyen de su aplicación la Ley de Crímenes de Odios federal, ni local. La forma en que ocurrió el acercamiento entre el imputado y la víctima no está relacionada al prejuicio y odio que tuvo el asesino con el joven por su orientación sexual que son los elementos indispensables para que se configure un crimen de odio", señaló en un comunicado de prensa Rafael Mayoral, uno de los portavoces de la Fundación Articulo II.

Por su parte, Rafael Ruiz acusó al fundamentalismo religioso y sus seguidores de promover los valores del prejuicio y odio que llevaron al presunto asesino en este caso a cometer horrendo crimen. "Este mensaje perverso que se repite diariamente a través de los medios de comunicación que controlan y se traduce en peregrinajes de cabildeo al Senado para generar una política pública que fomente la exclusión social de las comunidades LGBTT e incluso de todo aquel heterosexual que se no se someta a sus dictados, fomentan esta conducta criminal", destacó Ruiz.

Ruiz añadió que "por eso, en el caso particular del asesinato de Jorge Steven López, el culpable no es sólo el que empuñó el cuchillo, sino también los que desde el púlpito han conspirado para mantener intactas las estructuras jurídicas que empujan a las comunidades LGBTT a la precariedad laboral, a la inestabilidad afectiva y al escarnio público."

En ese sentido, los activistas aprovecharon la oportunidad para censurar vehementemente lo que denominaron un "cabildeo intenso tras bastidores" por parte de organizaciones fundamentalistas para que el Senado cuelge el proyecto de la Cámara que prohibiría el discrimen en el empleo contra las personas por su orientación sexual, incluyendo su identidad de género.

La Fundación Artículo II es una de las entidades que forma parte del conjunto de organizaciones profesionales y comunitarias que impulsan la aprobación en el Senado del Proyecto Anti Discrimen 1725 que fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada, así como una de las organizaciones comunitarias encargadas de derrotar la Resolución 99 que pretendía elevar a rango constitucional el matrimonio.