Los exrepresentantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nelson del Valle Colón y Néstor Alonso Vega, ya salieron de una prisión federal y se encuentran en una “casa media” en lo que terminan de cumplir su condena por corrupción pública para el próximo año 2026.

Así lo establecen sus expedientes en el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

Del Valle Colón, quien representó a Toa Alta y Bayamón, es el que tiene proyectado completar primero los cuatro años y nueve meses de prisión que se le impusieron por corrupción pública a finales del 2022. El BOP establece que terminará su condena, tras las bonificaciones por buen comportamiento, el próximo 27 de marzo. En un inicio, se proyectaba que cumpliría su condena para el 29 de marzo de 2027.

Según el expediente, el exlegislador, quien se declaró culpable, se encuentra en una casa media en Orlando, Florida.

Mientras, Alonso Vega ya se encuentra en una casa media en Miami, Florida. Bajo esta jurisdicción se incluye a Puerto Rico, por lo que pudiese ser que esté en la Isla.

El expediente del BOP establece que el exlegislador, condenado a cinco años y tres meses de cárcel, culminaría su sentencia el 25 de octubre de 2026.

Alonso Vega, quien es una persona ciega, fue sentenciado en febrero del 2023, tras enfrentar un juicio en el que salió culpable.

Las casas medias o de transición son “para brindar asistencia a los reclusos próximos a su liberación. Los RRC (Residential Reentry Centers) ofrecen un entorno seguro, estructurado y supervisado, además de asesoramiento laboral, inserción laboral, asistencia financiera y otros programas y servicios. Los RRC ayudan a los reclusos a reconstruir gradualmente sus vínculos con la comunidad y facilitan la supervisión de las actividades de los exconvictos durante esta fase de readaptación”, detalla el BOP en su página cibernética.

En estas casas, el recluso puede salir a trabajar, visitar a sus familiares y realizar otras gestiones durante el día, pero debe pernoctar en las horas que le sean estipuladas.

Ambos exlegisladores fueron encausados por aumentarle el salario a sus empleados para que le devolvieran la suma a su beneficio. La otra legisladora que fue acusada bajo este esquema fue María Milagros “Tata” Charbonier Laureano.

Específicamente, Del Valle Colón se declaró culpable por realizar un esquema de soborno en la modalidad de “kickbacks” (comisiones ilegales) que involucró a tres empleados de su oficina legislativa.

El exlegislador fue arrestado el pasado 20 de agosto de 2020 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), junto a dos empleadas de su oficina, Mildred Estrada Rojas y su hija, Nickolle Santos Estrada, quienes se declararon culpables luego de llegar también a un acuerdo con la Fiscalía Federal.

Según el pliego acusatorio, el político recibía entre $500 a $2,000 por cada cheque inflado de unos tres trabajadores desde principios de 2017 hasta julio de 2020. Como resultado de ese alegado esquema, habría recibido más de $100,000 en sobornos.

Mientras, Alonso Vega fue declarado culpable por nueve cargos de conspiración, robos mediante fraude al recibir comisiones ilegales (kickbacks) y obstrucción a la justicia. También fue arrestado en noviembre de 2020.

Según las autoridades federales, el exrepresentante aumentó el salario de uno de sus empleados entre abril de 2018 hasta septiembre de 2020 para recibir devuelta la mitad del dinero incrementado. Se precisó que el incremento de salario de la “persona A”, como se le identificó en el pliego acusatorio al empleado, fue de $80,000 y que el entonces político recibió más de $40,000.

Incluso, durante el juicio, la “persona A”, quien resultó ser el asistente de Alonso Vega, testificó que utilizó diversos métodos para transferir las comisiones ilegales al exrepresentantes. Entre ellos, utilizó la aplicación ATH Móvil, así como le llegó a pagar por medio de la cuenta de Home Depot del entonces legislador.