Emparentados, de fiesta y en crucero fueron presentados este martes varios miembros de la Junta de Subasta del municipio de Guaynabo mientras Ángel Pérez Otero era el alcalde de Guaynabo.

Fue un desfile de fotografías tomadas de las redes sociales que usó la Fiscalía federal para establecer la buena relación que tenía el grupo a cargo de conceder contratos municipales con el alcalde y su esposa, Liza Fernández, luego de que la defensa sentara al que fuera presidente del grupo y exdirector de Desarrollo Económico del municipio, Raúl Torres Gómez, a testificar.

El testigo fue el único que presentaron los abogados de Pérez Otero para defenderlo de las imputaciones por corrupción pública que le imputa la Fiscalía federal. Pero, a preguntas del licenciado Osvaldo Carlo, Torres Gómez reveló que fue esposo de Fernández entre marzo de 1999 a diciembre de 2004, detalló cómo se hacen los procesos de subasta y afirmó que “no recuerdo escuchar de Island Builders”.

También dijo que nunca se reunión con el empresario colombiano, Oscar Santamaría, quien se alega pagaba sobornos regulares de $5,000 a Pérez Otero.

Entonces, llegó el turno de la fiscal federal Myriam Fernández. En esencia, la fiscal se enfocó en demostrar que el exalcalde y los miembros del grupo de subasta tenían tan buena relación que se fueron de crucero en el 2015. Además, algunos miembros del grupo solían ir a restaurantes y tomaban cervezas junto a sus parejas.

Los miembros de la Junta de Subasta que más participaron de estos jangueos fueron el exdirector de Transportación, Alexis Durán, y el exdirector de Obras Públicas, Wilfredo Martínez, además del testigo.

En la primera foto presentada, Durán y Martínez estaban tomando junto a William Cordero, quien es el esposo de Martínez.

Torres Gómez, en una instancia, expuso que la hermana de Martínez es, de hecho, la esposa de Durán. Esto provocaba que estuviesen emparentados.

En las fotografías también se mostraron a Pérez Otero y su esposa, junto a Martínez y su esposo, así como a Torres Gómez y su esposa Adelaida Torres.

“¿Recuerda esta actividad?”, le cuestionó la fiscal, quien tuvo como respuesta un “no”.

Entonces, Fernández comentó que el testigo “tuvo muchas actividades sociales con Ángel Pérez Otero, por eso es que no puede recordar ninguna”.

Tras el bombardeo de fotos, Carlo le preguntó a Torres Gómez si Martínez tenía derecho al voto en la Junta de Subasta. El testigo respondió que no.

Cabe recordar que en el testimonio que dio el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, ante los miembros del jurado que enjuiciarán a Pérez Otero, este sostuvo que con solo tener a una persona leal en la Junta de Subasta se podían controlar sus determinaciones.

“Después que yo tengo una persona que me responda totalmente a mí, sé que puedo manipular a esa Junta de Subasta”, sentenció durante su testimonio el pasado viernes.

Por otro lado, tras culminar el testimonio de Torres Gómez, el licenciado Carlo pasó a someter el caso sin presentar más testigos.

Según afirmó la jueza, mañana a las 9:30 a.m. se le darán las instrucciones al jurado y las partes podrán realizar las argumentaciones finales. Luego, el jurado se retirará a deliberar.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Santamaría y Delgado Montalvo acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo.

Salió a relucir durante el juicio que esta empresa no pasó por el proceso de subasta, sino que se le otorgó el contrato bajo un análisis administrativo en el que se invitaron a someter propuestas a otras dos compañías.

Por los supuestos delitos que cometió al recibir dinero de Santamaría, Pérez Otero fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Nicholas Warren Cannon y Fernández.