Peñuelas. El Campamento contra las Cenizas de Carbón de este municipio de la zona sur del país emplazó ayer a la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes a que, antes de que expire la sesión ordinaria, dé paso al proyecto del Senado 1121, que prohibiría el depósito de cenizas en vertederos.

Líderes del gremio advirtieron que de no aprobarse la medida y convertida en ley por el gobernador Ricardo Rosselló, se abriría la puerta a que regrese el depósito de este material tóxico a los vertederos, lo que en 2017 desató una intensa lucha entre manifestantes y policías en el barrio Tallaboa Encarnación, en Peñuelas. La desobediencia civil, que contó con el respaldo de figuras nacionales, desembocó en más de 100 arrestos.

Ayer, Día de los Padres, miembros del campamento peñolano indicaron a Primera Hora que en estos últimos días de la sesión ordinaria intensificarán el cabildeo a favor de la pieza legislativa que se aprobó por unanimidad en el Senado, el pasado 23 de mayo y que la Cámara no ha considerado.

“Si no se aprueba el proyecto, en cualquier momento podrían volver los camiones con cenizas de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (AES) y de ser así, vuelve la desobedencia civil porque esta lucha es cueste lo que cueste. Será la declaración de guerra del gobierno de Puerto Rico hacia las comunidades pobres”, sentenció Manuel Díaz Pérez, uno de los portavoces del Campamento contra las Cenizas.

“Esto pondría fin a esa etapa de la lucha en el caso de que el gobernador lo firme. Esto viene por la metida de patas que ellos mismos dieron, tanto Cámara como Senado, al aprobar lo que se constituyó como la Ley 40, que era para prohibir y terminó permitiendo que se depositaran (cenizas).  La aprobación de esa ley el 4 de julio de 2017 condujo a los sucesos que se dieron aquí en Peñuelas”, sostuvo Díaz Pérez.

Dijo que en 2017, el proyecto que desembocó en la Ley 40 “no era el proyecto perfecto”, pero “tenía los requerimientos de la comunidad científica” para que se prohibiera el depósito de cenizas. “Cuando se llevó a votación, el proyecto recibió unas enmiendas que vinieron de Fortaleza. En aquel entonces Ramón Rosario (exsecretario de Asuntos Públicos) era el cabildero dentro de la Fortaleza de estas compañías y, literalmente, hicieron cenizas el proyecto que prohibía las cenizas”, narró el líder comunitario.

“Después del gobernador firmar el proyecto, decenas de camiones llegaban a Peñuelas escoltados por cientos de policías. Ahora ellos alegan que están reparando ese error, pero nosotros sabemos que no es por eso, sino por el costo político”, indicó Díaz Pérez.

Sostuvo que la nueva medida del senador Larry Seilhamer “cierra un capítulo”, pero dijo que la lucha no termina en Peñuelas -ni en los 14 pueblos en los que se depositaron cenizas de carbón.

“¿Qué va a pasar con las casi 400 mil toneladas que están en la planta de carbón en Guayama y que contaminaron el acuífero?, ¿qué va a pasar con las comunidades que viven al lado de la planta y que todos los días respiran el polvo de carbón, más los gases que la planta emana?, ¿qué va a hacer el Departamento de Salud con la gente que vive en los 14 pueblos donde depositaron cenizas y qué va a pasar con las cenizas que están depositadas, muchas a la intemperie en 14 municipios?”, cuestionó.

Díaz Pérez dijo, además, que para que cese la contaminación “tiene que cerrar la planta de AES” y agregó que en el caso de Guayama y Salinas se debe decretar una emergencia ambiental y fijar responsabilidades “a los que ocasionaron el desastre”.

El activista detalló que enviaron cartas vía e-mail a todos los representantes reclamando la aprobación del P. del S. 1121 y dijo que esta semana tocarán a las puertas de los legisladores.

El proyecto 1121 modifica la definición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón para incluir el Agremax en los residuos de la quema de carbón que no podrían ser depositados o dispuestos en las vías, terrenos, sistemas de rellenos sanitario y cuerpos de agua. Prohíbe, además, el almacenamiento de los residuos de cenizas por un periodo de más de 180 días, a partir de su producción.

Sigue la lucha, dicen los portavoces

Otro de los portavoces del campamento, Jimmy Borrero Costas, quien fue uno de los arrestados en Peñuelas, indicó que “todos los casos se cayeron”, y que sólo queda pendiente el del ambientalista Alberto de Jesús, mejor conocido como “Tito Kayak”. A éste se le imputa apagar un generador eléctrico y el caso está pendiente de juicio por jurado en el Tribunal de Ponce a finales de julio.

“Ese es un caso fabricado, como todos los demás casos. Llevan dos años y el gobierno ha gastado miles de dólares porque han suspendido el caso más de 20 veces”, sostuvo Borrero Costas. Añadió que, de resultar culpable, De Jesús se expone a ocho años de prisión.

“Aquí fueron arrestadas más de 100 personas y nosotros seguimos en esta lucha. Sabemos que se acercan las elecciones y le quiero enviar un mensaje a todos los legisladores, populares y penepés, que votaron a favor de esto (la Ley 40): que le vamos a hacer campaña para que la gente no vote por ellos”, indicó el líder comunitario.

“Nosotros siempre estamos alerta. Aquí siempre hay un grupo vigilante todos los días. Nos seguimos reuniendo y haciendo actividades en todo Puerto Rico. Esta semana vamos a estar en una escuela en Mayagüez”, dijo Borrero Costas.