Nota de archivo: publicada hace más de 90 días

Miles de documentos revelan el carpeteo político en la Isla

Por Nydia Bauzá / [email protected] 07/23/2016 |00:00 a.m.
(Archivo)  
Los expedientes, que recogen una época nefasta en la historia de Puerto Rico, yacen en el Depósito del Archivo General.

Unas tres mil carpetas de independentistas y nacionalistas fichados por la Poliçia entre 1940 hasta mediados de 1980, que nunca han sido reclamadas por los afectados, no han podido ser clasificadas en el Archivo General de Puerto Rico por la falta de recursos fiscales.

Mientras tanto, otras cuatro mil carpetas fueron organizadas y están accesibles al público en el Archivo, lugar designado por ley para custodiar el acervo histórico del País.

“Lamentablemente no tenemos dinero ni personal”, dijo en entrevista con Primera Hora la directora del Archivo General, Karin Cardona de Jesús, quien afirmó que parte del trabajo de documentación y organización de estos expedientes lo han podido hacer por la colaboración de voluntarios.

“Esas carpetas se estaban organizando básicamente con voluntarios que hemos reclutado y con personal que contratamos de forma temporera con fondos de organizaciones internacionales , pero ya el proyecto con fondos internacionales terminó”, subrayó la archivera general.

Cardona de Jesús  sostuvo que “estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) “también ayudan en el proceso” como parte de un programa limitado de tres semestres mediante el cual obtienen créditos de su experiencia laboral.

Los expedientes, que recogen una época nefasta en la historia de Puerto Rico, yacen en el Depósito del Archivo General, ubicado en el edificio don Ricardo Alegría, en la Avenida de la Constitución #500, en Puerta de Tierra. Las carpetas se convirtieron en documentos públicos con la aprobación del reglamento número 8593 del 19 de mayo de 2015, del Departamento de Estado.

Además de las 7 mil carpetas ideológicas, el Archivo es custodio de otros miles de documentos administrativos de la desparecida División de Inteligencia de la Policía y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que forman parte de este proceso aciago del que fueron víctimas miles de puertorriqueños a lo largo y ancho del País.

Junto con las fichas que no fueron reclamadas por los perjudicados en el Centro para la Disposición de Documentos Confidenciales entre 1992 y 1992, hay audiovisuales, audios, fotos, libros y un mapa gigantesco de Puerto Rico con los pueblos donde la Policía alegaba que había grupos “subersivos”.

Los documentos que no se reclamaron fueron depositados entonces en el Archivo Central de la Administración de Tribunales. Posteriormente, en 2003 una orden del entonces presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Rebollo  estableció otro período de entrega de carpetas, entre diciembre de 2003 a julio de 2004. En esa segunda etapa se recibieron unas 2,381 solicitudes y se entregaron carpetas a 669 personas.

En mayo de 2004, el juez Rebollo dispuso que los expedientes se trasladaran al Archivo General, organismo que según la Ley 5 de 1955, es el custodio de todo documento público. Estableció además que la UPR y el Archivo deben coordinar cuáles documentos serán traspasados para fines académicos y educativos.

El pleito de clase David Noriega versus Gobernador de Puerto Rico resolvió en 1987, que la práctica de fichar personas por sus creencias ideológicas es ilegal e inconstitucional.

El exrepresentante Víctor García San Inocencio estimó en unos 135 mil expedientes las fichas levantadas por la desaparecida División de Inteligencia de la Policía. “Entre tarjetas y carpetas resultaron ser 135 mil. Se destruyeron muchas antes de que el poder judicial ordenase la incautación del material”, dijo San Inocencio, quien era asesor legal de Noriega cuando el fenecido legislador independentista demandó al gobierno en el histórico lititio.

García San Inocencio mencionó que las carpetas de don Pedro Albizu Campos y de don Gilberto Concepción de Gracia fueron algunas de las que nunca aparecieron.

El histórico caso fue instado por el bufete de los abogados Juan Santiago y José Juan Nazario.

Las cuatro mil carpetas ya organizadas en el Archivo General están clasificados en orden alfabético figuran en anaqueles de madera y cajas de carton, mientras que los documentos sin clasificar yacen en decenas de archivos de metal, observó Primera Hora en un recorrido por el sótano del Archivo.

Los expedientes de la Policía incluyen fotografías, discos de pasta, cintas, vídeos, anotaciones de los agentes, libretas, comprobantes de los pagos a los informantes.

El expediente del agente encubierto Alejandro González Malavé figura en un archivo vertical con cuatro gavetas. Sobre uno de los archivos se observó una caja con tarjetas identificada con un sello que dice: “apodos y alias” de los informantes. También hay un tarjetero por orden alfabético con miles de tarjetas con direcciones de los encarpetados y en otro de los archivos, figuran los nombres “de los cooperadores del área norte”.

García San Inocencio explicó que el caso de las carpetas se litigó en tres etapas: la conservación de las carpetas, la controversia de a quién pertenecían y si se podían tachar o no los nombres de los agentes e informantes.

“Finalmente, en 1992, el tribunal ordenó que las carpetas se tenían que entregar intactas”, narró San Inocencio. Añadió que el juez determinó en 1993 que las carpetas fueran entregadas a los afectados con los nombres de los informantes, confidentes y agentes encubiertos.

El abogado recordó que tras la orden del juez López el entonces gobernador Pedro Rosselló pidió disculpas públicas a los carpeteados y ordenó que fueran indemnizados con la suma $3 mil.

Miles de personas no aceptaron la cuantía por un carpeteo que les ocasionó décadas de sufrimiento, pérdida de empleos y de oportunidades de progreso. Varias de estas personas radicaron demandas de daños y perjuicios contra el Gobierno en distintos tribunales del País, algunas de las cuales fueron transadas y en algunos de los casos más dramáticos que se vieron en juicios civiles, el tribunal otorgó a los demandantes el tope de $150 mil de la Ley de Pleitos contra el Estado.

Como resultado del litigio, al fundador del Movimiento Pro Independencia (MPI), Juan Mari Bras le fueron entregados 15,261 folios de la División de Inteligencia de la Policía, uno de los expedientes más voluminosos. El fenecido líder independentista obtuvo también, mediante el Freedom of Information ACT (FOYA), otros 4 mil folios de información catalogada como secreta por agencias federales como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de Estados Unidos, según consta en la página cibernética de la Fundación Juan Mari Bras.

“Las carpetas de subversivos no fueron una sorpresa para los independentistas. Los independentistas se habían acostumbrado al hostigamiento, persecución y vigilancia de sus personas, de sus familiares y de sus actividades, como parte y consecuencia aceptada de la lucha por su ideal. Sus denuncias públicas sobre estas prácticas ilegales caían en oídos sordos ante el Gobierno y el Pueblo. Se criminalizó el amor a la patria”, afirmó en dicha página el licenciado José Juan Nazario.

Regresa a la portada