Exigen pago por servicios.

Miembros de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración denunciaron ayer que el Departamento de la Familia aún no ha realizado el pago correspondiente por sus servicios del mes de mayo.

El atraso, aseguró el grupo, podría provocar una crisis en los servicios de cuidado que se les ofrecen a las personas de edad avanzada, especialmente a aquellos que son subvencionados por Familia.

Leticia Rivera, administradora auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada de la Administración de Familias y Niños (Adfan), aseguró que los cheques ya fueron emitidos y se encuentran en Hacienda.

La mayor preocupación de la organización no es sólo la falta de pago por el mes corriente, sino el que se repita ese patrón en el mes de julio cuando comienza el nuevo año fiscal.

“Nuestra preocupación es si se terminó el presupuesto de este año, qué va a pasar de aquí en adelante”, dijo María Teresa Velazques, presidenta electa del grupo.

Según el reglamento, Familia tiene los primeros diez días del mes para emitir los pagos por los servicios prestados a aquellos ancianos subvencionados por el Gobierno.

De hecho, una de las principales preocupaciones de los trabajadores es que se afecten aquellos hogares donde todos los pacientes son mantenidos por el Estado. Los demás centros pueden continuar ofreciendo los servicios, aunque limitadamente, gracias a los pagos recibidos por los pacientes privados.

La falta y atrasos en los pagos, indicó el grupo, puede crear una crisis en la prestación de servicios. De hecho, aseguraron que ya algunos centros han desistido de aceptar este tipo de pacientes.

Uno de éstos es José Acevedo, dueño de la Residencia Geriátrica Florida, en San Lorenzo, quien cuenta sólo con tres pacientes del Gobierno de los 16 que tenía hace ocho años.

A este maltrecho panorama se suma que cada día rinde menos el dinero pagado por el Gobierno debido al alza en los costos y servicios.

Por regla general, el cuidado de una persona de edad avanzada con buena salud asciende a $1,300 mensuales que “no es exactamente lo que paga Familia”, dijo Minerva Gómez, pasada presidenta.

“El cuidado de larga duración tiene unos retos que se tienen que resolver. Esto es un reflejo más de la falta de una estructura adecuada de parte del Gobierno y de la sociedad para atender a las personas necesitadas de servicios y que no tienen la forma de cómo comprarlo”, agregó Gómez.

Acuden al Daco

La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, que agrupa a casi 200 de los 1,000 centros de cuidado que hay en la Isla, abogó también porque el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) haga cumplir el Artículo 8 de su Ley Orgánica que obliga a establecer la estructura tarifaria mínima en el cuidado de personas de edad avanzada.

Actualmente, el costo del cuidado de un paciente lo establece el dueño del centro. “Mientras DACO no establezca (la tarifa mínima) el Estado va a seguir subastando a las personas de edad avanzada al mejor postor, porque realmente es una subasta aunque a Familia no le gusta que se le llame así”, indicó Gómez.