Jorge Aponte Figueroa, ex presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles (UTM), fue declarado culpable en los 12 cargos que se le imputaban por el millonario fraude al sindicato.

Aponte Figueroa, de 73 años, se veía preocupado y mantuvo las manos en los bolsillos mientras escuchaba de pie el veredicto del jurado.

Mientras, miembros de la unión que llenaban la sala a cabalidad reaccionaron sorprendidos cuando la secretaria de la sala leyó que Aponte Figueroa había resultado culpable en el primero de los 12 cargos.

Una mujer lloraba desconsolada en el segundo banco.

Aponte Figueroa estaba acusado de encabezar un esquema para robar 1.9 millones de dólares de cuotas de los unionados. Pesaban en su contra doce cargos de conspiración, fraude y lavado de dinero.

Al ordenar su encarcelamiento inmediato, el juez Juan Pérez Giménez destacó que hay “dos testigos que declararon que temen por su seguridad y la de su familia”. Según el juez, Aponte Figueroa se expone a una pena carcelaria máxima de 15 años.

El juez le denegó que se quedara en libertad bajo las mismas condiciones que tenía, toda vez que en un mes enfrentará un segundo juicio por defraudar el plan de bienestar de la UTM.

La vista de sentencia se fijó para el 6 julio, a las 9:30 de la mañana.

El jurado tardó menos de dos horas en deliberar. Comenzó a la 1:30 de la tarde sin haber tomado la hora de almuerzo y ya a las 3:30 de la tarde un alguacil llamó a las partes para que entraran a sala.

Minutos antes, varios unionados habían expresado a Prensa Asociada que tenían fe en que su líder saldría bien.
“Es el caso típico de (Pedro) Rosselló que no sabía que Angie (su secretaria) estaba robando y todo el mundo estaba robando”, dijo Humberto Pérez, de 66 años, refiriéndose al ex gobernador novoprogresista. Alrededor de 40 personas relacionadas con la administración de Rosselló han sido acusados de delitos de malversación de fondos.

Los cuatro entrevistados describieron a Aponte Figueroa como un buen líder sindical que siempre los ayudó en los problemas que tuvieron y aseguraron que la Unión no tuvo problemas económicos bajo su presidencia.
Durante los argumentaciones finales, el fiscal José Ruiz dijo que Aponte Figueroa “era muy listo, creó un esquema en el que no tenía que meter sus manos”.

Los cheques por concepto de las cuotas eran cambiados pro subalternos del entonces presidente en pequeños negocios de conocidos de Aponte Figueroa. Sólo parte del dinero era depositado y reportado como la totalidad de lo recaudado en cuotas.

El fiscal Ruiz aseguró que la evidencia presentada demuestra que un 62% del dinero pagado por los unionados fue desviado.

Sin embargo, el abogado defensor Edgar Vega responsabilizó de la conspiración al testigo principal de la fiscalía, Enrique Sosa.

Según Vega, el gobierno nunca mostró evidencia de lo que Aponte Figueroa hizo con el dinero, como documentos sobre cuentas bancarias o de compras de fincas o propiedades.

Aponte Figueroa es el único acusado en este juicio.

En un segundo juicio, el ex presidente de la UTM sería procesado junto a otras dos ex dirigentes, Ada Pérez y Milagros Pagán, por un fraude de 8 millones de dólares al plan médico. Pagán podría declararse culpable en los próximos días, según los expedientes electrónicos en la Secretaría del Tribunal.

El resto de los 13 acusados originales, incluyendo comerciantes como Ángel Ramallo y Francisco Consuegra, hicieron alegaciones de culpabilidad.

La UTM está afiliada a la International Longshoremen’s Association (ILA), un sindicato estadounidense.