La Junta de Calidad Ambiental investiga la procedencia de material biomédico hallado en el oeste de la Isla, una situación que ha sido recurrente por los pasados diez años, informó el gerente del Área de Emergencias de la agencia, Augusto Márquez Ortiz.

“Hay datos de tres, cuatro y hasta cinco décadas atrás. Ahora estamos investigando todos los ángulos posibles. Se pensó que podía provenir de peleas de perro, pero no, porque comenzó hace muchos años”, sostuvo el funcionario.

Además, aclaró que “ya se determinó que la sangre no es humana. Ahora queremos identificar a qué animal pertenece para poder llegar a conclusiones. El Instituto de Ciencias Forenses está examinando la sangre”.

Márquez Ortiz mencionó que se llevó a cabo una vista ocular a orillas del Río Añasco, donde ocurrió el hallazgo y que existe preocupación por el cuerpo de agua.

El biólogo marino mencionó que en el pasado han trabajado con la situación.

“Es recurrente. Hemos investigado y las bolsas donde está la sangre tampoco son nuevas. Las empresas que venden bolsas para sueros y sangre no recuerdan cuándo las fabricaban”, mencionó el funcionario.

“A diferencia de lo que se pueda pensar, ya la situación se trabajó en el pasado. Estamos retomando esa data”, mencionó el funcionario.

Márquez Ortiz reveló que el material “viene de río arriba y se encuentra en todo el Río Añasco”.

Ya el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales también investiga la situación, dijo el ejecutivo de la JCA.

La semana pasada, los representantes José Pérez Cordero y Maricarmen Más Rodríguez, presentaron una resolución para investigar, de forma urgente, un hallazgo de desperdicios biomédicos en el litoral costero de Añasco y Mayagüez, y referir los hallazgos a todas las agencias pertinentes para fijar responsabilidad civil o criminal, según aplique.

“Es altamente preocupante esta situación que se ha denunciado, no ahora, sino por décadas, porque no es la primera vez que se recoge material como este en las costas del oeste. Tan reciente como el pasado fin de semana, mientras participábamos con el grupo Tortugas Marinas en una limpieza de la playa en la Reserva natural Boquilla en Mayagüez, encontramos estos desperdicios en el área. Sin embargo las agencias llamadas a regular el manejo de desperdicios biomédicos e implantar la política pública que rige estos procesos, nada han hecho”, denunció Pérez Cordero, a través de declaraciones escritas.

Dijo que prueba de la inacción, es el resultado de un informe rendido en el año 2008 por un grupo interagencial y el informe de las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste y de Salud, presentado el 23 de septiembre de 2014, sobre el mismo problema reportado en la zona.

“El hallazgo de este material representa un alto riesgo para la salud de bañistas y residentes del área, así como para los animales que habitan en la zona. Pretendemos presentar legislación para ordenar a las agencias concernidas tomar acción inmediata ante esta situación. Así mismo, nuestro mayor interés es que se asigne responsabilidad a los responsables de esta vil práctica de arrojar desperdicios que se hallan constantemente en el litoral costero de Añasco y Mayagüez. Nuestros ciudadanos y visitantes merecen gozar de nuestros recursos naturales libres de contaminantes y materia que afecte su calidad de vida”, puntualizó el legislador.

Por su parte, la representante Más Rodríguez mencionó que la Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados establece la política pública sobre la generación, manejo, transportación y disposición de desperdicios biomédicos.

Así también, estipula las disposiciones emitidas por la Junta de Calidad Ambiental, implanta el Programa de Manejo, establece los métodos para el tratamiento de los desperdicios biomédicos. Además, delimita las penalidades que enfrentan los violadores de esta ley y los reglamentos aprobados por la JCA, añadió la legisladora.

El artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico también establece como delito la contaminación ambiental. El mismo dispone que toda persona que realice o provoque emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en violación a las leyes o reglamentos o las condiciones especiales de los permisos aplicables y que ponga en grave peligro la salud de las personas, el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años. El tribunal también podrá imponer la pena de restitución, se subrayó a través de un comunicado de prensa.