El reclamo de líderes ambientales y comunitarios para exigir la terminación del contrato con la empresa AES Puerto Rico (AES) cobró fuerza ante la revelación de información que sugiere que la empresa busca pasar la titularidad de su carbonera en Guayama a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Miembros de las organizaciones que componen la Alianza Energía Renovable Ahora y que apoyan la propuesta Queremos Sol manifestaron su rechazo a AES ante la solicitud de la empresa de pedir un rescate económico del gobierno por considerar que su negocio ya no es rentable.

“Esto es simplemente un chantaje y un abuso por la industria de combustibles fósiles y de las empresas que los controlan como AES. La alternativa es una transición justa hacia la energía solar en techos”, señaló el abogado ambientalista Pedro Saadé.

La información fue divulgada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periódico La Perla del Sur, tras que se radicara una demanda de acceso de información por estos medios. Esto reveló que la razón principal por la cual AES considera que su negocio ya no es beneficioso es por el costo que conlleva cumplir con las regulaciones ambientales locales y federales, resumieron las organizaciones.

“Ahora que el modelo de negocio privado no le está dejando las riquezas esperadas, AES pretende pasarle los riesgos y las pérdidas a la AEE y que sea el gobierno quien asuma el costo de la contaminación que ellos han dejado a través del territorio”, indicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER). “AES quiere regalarle un problema al pueblo; así es el modelo privado y lo que está dejando ver es que su negocio ya no les está funcionando. Quieren socializar los riesgos y pérdidas, y las ganancias mantenerlas privadas”, añadió.

En el 2020 se aprobó la Ley 5, la cual prohíbe depositar cenizas de carbón en Puerto Rico, forzando a la empresa a llevarlas a Estados Unidos. Además, en una carta fechada el 11 de enero de 2022, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) dijo no estar conforme con el método propuesto por AES para manejar las cenizas en el área de la planta y mitigar el impacto de los contaminantes que se esparcen de las mismas. La empresa también ha sido multada en el estado de Florida por accidentes con las barcazas que transportan los desechos tóxicos.

Amy Orta Rivera, coordinadora de Política Pública Ambiental en El Puente, rechazó la idea de que el cierre de la planta de carbón afectará la generación de energía, ya que “estudios recientes han demostrado que a medida que se integren sistemas de energía renovable en techos, la primera planta que puede retirarse es la de AES. Además, desde el pasado 15 de enero la Unidad 1 de la AES está fuera de servicio por mantenimiento y el sistema eléctrico del país sigue funcionando”.

“Como hemos señalado durante años, hay suficientes razones para que la carbonera cierre sus operaciones. La supuesta economía no va por encima de las vidas de los seres humanos. Esta carta de la AES solicitando un rescate constituye un insulto a las comunidades que por casi 20 años han estado siendo afectadas en su calidad de vida, perjudicando sus condiciones de salud y provocando muertes. Basta ya”, dijo el líder comunitario Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE).