Varios sindicatos afiliados a uniones estadounidenses repudiaron el viernes el método de lucha de la Federación de Maestros (FMPR), que amenaza con decretar una huelga en el sistema público de enseñanza en cualquier momento a partir del 1 de febrero.

José Rodríguez Báez, de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico AFL-CIO, opinó que la posible huelga de la FMPR lo que realmente pretende es retar en los tribunales la constitucionalidad de la Ley 45 de sindicación de empleados públicos, poniendo en peligro las conquistas de los más de 100,000 trabajadores del gobierno central que, bajo ese estatuto, tienen derecho a la negociación colectiva, aunque no a la huelga.

"Expresamos nuestra solidaridad con las y los maestros que reclaman mejores condiciones salariales y de trabajo, al tiempo que hacemos público nuestro desacuerdo con la convocatoria a la huelga y el curso de acción que ha seguido y propone el actual liderato de la Federación de Maestros", señaló en conferencia de prensa.

Mientras, Roberto Pagán, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) SEIU, aseguró que ninguna de las nueve uniones del sector público que participaron en la conferencia apoyarían una huelga magisterial.

No obstante, aclaró que, si la FMPR implementara el voto de huelga aprobado en una asamblea general, los otros sindicatos del Departamento de Educación no boicotearían esa protesta.

El SPT representa empleados no docentes del Departamento de Educación.

"No existe justificación para una huelga, pero si se paraliza una escuela, nosotros no vamos a cruzar líneas de piquete", indicó.

"Que no esperen que nos unamos a un proceso huelgario que busca derogar la Ley 45", agregó.

Además del SPT y la Federación de Trabajadores, participaron en la rueda de prensa la Federación Central de Trabajadores UFW, Servidores Públicos Unidos AFSCME, United Auto Workers, Unión General de Trabajadores SEIU, Unión de Trabajadores de las Comunicaciones CTWA, entre otras.

Estas organizaciones representan más del 90% de los empleados del gobierno central, se indicó.

Por otro lado, Pagán propuso que el sector obrero debe unirse para lograr que la Legislatura y el gobernador Aníbal Acevedo Vilá consideren y aprueben una enmienda a ese estatuto para que se incluya el derecho a huelga para los trabajadores del gobierno central.

La Constitución del ELA reconoce el derecho a huelga y a establecer piquetes de "los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados".