Todavía no supero la impresión de los asesinatos la semana pasada en el Tribunal de Caguas, aunque estos incidentes son realmente muy comunes en Puerto Rico.

Nuestros campos son tierra fértil para problemas entre vecinos, por la delimitación de colindancias, porque alguien extiende su propiedad más allá de lo que realmente posee, por el uso inadecuado de los terrenos o, sencillamente, porque hay gente que son malos vecinos. En esos casos, que a veces concluyen a machetazos, a los periodistas nos toca ir a cubrir los incidentes después de los hechos. Esta vez, como ya ustedes vieron, el incidente fue en vivo y a todo color.

A mis colegas periodistas y fotoperiodistas que les tocó vivir este incidente, mis respetos y solidaridad. Nosotros conocemos el riesgo de nuestra profesión, pero un tribunal no es el lugar donde uno tendría preocupación por el aspecto de seguridad. Pudo haber muchas más víctimas, menos mal que no fue así. Desafortunadamente, dos vidas se perdieron, por una situación que se pudo resolver con la mediación y el diálogo. Aunque hace falta algo más.

En estos casos, las partes siempre están seguras de que tienen la razón y ahí es que un profesional capacitado puede intervenir y aclarar las circunstancias, en este caso las colindancias, y ese profesional es el agrimensor.

Lo primero que debo decir es que hay pocos agrimensores en Puerto Rico, pues son algo más de trescientos para tanto espacio rural que necesita atención y que termina en controversia en los tribunales. En este caso tan trágico, hubo agrimensores que intervinieron e hicieron su trabajo, pero claramente eso no es suficiente porque, a fin de cuentas, la decisión final no recae en un agrimensor, este solo aporta su conocimiento y experiencia, la decisión es del juez.

En estos días, conversé con el agrimensor Carlos Fournier, primer vicepresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y me planteó algo que hace falta en Puerto Rico: un Tribunal de Tierras.

Esto le quitaría un dolor de cabeza a los jueces y juezas para dejar estas controversias en manos de juristas que sean, a su vez, conocedores del tema.

En varios países, como nuestra vecina República Dominicana, existe un Tribunal de Tierras con jueces especializados que no dependen, exclusivamente, de un perito que le traiga la respuesta al tribunal. Los peritos tienen su rol y el agrimensor es de suma importancia en estos casos.

Sin embargo, no es menos cierto que cada parte trae su propio experto y cada cual arrima la brasa a su sardina. El punto es que un juez con conocimiento o adiestramiento especializado va a entender mejor el proceso y a tomar decisiones más justas.

En Puerto Rico existen ya cortes especializadas, como las salas de violencia doméstica y las llamadas “drug courts” para casos de drogas. No sería extraordinario designar algunas salas con competencia, particular para casos relacionados al sector inmobiliario y específicamente para problemas de colindancias, que son muy frecuentes en nuestro país.

Otra medida que se debe poner en vigor es la Ley del Sistema de Información Geoespacial que existe desde el 2014 y que crea dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Oficina de Agrimensura de Puerto Rico y el cargo del Agrimensor del Estado. Pero adivine, el cargo está vacante desde el 2017, así que toda la ayuda que puede ofrecer al gobierno este funcionario es inexistente.

Otro señalamiento del agrimensor Fournier es que se implante de una vez el catastro multipropósito. Más allá de usarlo para cobrar contribuciones sobre la propiedad, que sea útil para los ciudadanos también.

Las herramientas para asistir a los tribunales y a los profesionales, en estos casos de colindancias, existen, no son extrañas o inalcanzables, pero el gobierno no hace suficiente para hacerlas disponibles.

Espero que no tenga que ocurrir otra tragedia para que tomen acción.