Ahora que vamos a tener legisladores ciudadanos, va siendo hora de que impulsemos, con nuestra militancia pacífica pero ruidosa, una generación de alcaldes ciudadanos bajo un nuevo esquema de municipios agrupados por regiones.

Encaminada la reforma legislativa, que debe entrar en vigor plenamente el 1 de julio próximo, debemos ocuparnos ahora de promover una reforma municipal que ponga fin, de una vez por todas, a la mala costumbre de los alcaldes de agenciarse aumentos de sueldo irrazonables cada vez que les da la gana.

Una reforma bajo la cual se cree un número limitado de regiones --ocho como los distritos senatoriales podría ser la medida-- que manejen presupuestos combinados para pagar la nómina y los servicios municipales de cada región. Y en cada municipio, un alcalde ciudadano.

Para alcanzar esa meta, lo primero es cuidarnos de las "iniciativas" de las propias organizaciones que agrupan a los alcaldes rojos y azules, que quieren ser ellos los que decidan un asunto que corresponde decidir al pueblo.

Vayamos directo al grano y reclamemos que, sin el poder de hacer y deshacer con el dinero del pueblo, los alcaldes no cobren sueldo de alcaldes, sino que se dediquen a sus oficios y profesiones, y que, con las debidas salvaguardas éticas, brinden tiempo al servicio público ad honorem. O, a lo sumo, cobrando solo reembolso de gastos debidamente justificados, no más.

Los dieciséis angelitos que se han agenciado aumentos en los últimos tiempos aparecen retratados en la historia de portada de hoy de El Nuevo Día, con sus respectivos salarios de lujo, a pesar de que por lo menos la mitad de ellos dirigen municipios prácticamente quebrados.

La Ley de Municipios Autónomos, una criatura del ex gobernador Rafael Hernández Colón, establece criterios específicos para que una Legislatura municipal pueda aprobar un aumento salarial al alcalde, el principal de los cuales es que no esté operando en déficit.

¿Con qué cara justifican estos señores sueldos de más de $9,000 en unos casos, como los de Ponce y Canóvanas? ¿No le daba en Lares un sueldo de $4,500 al alcalde, que tuvo que aumentárselo a $6,000? ¿O al nuevo alcalde de Cabo Rojo le hacía falta que le subieran de $6,000 a $7,500 el salario mensual?

El alcalde de Río Grande botó la bola al justificar que le duplicaran el sueldo, de $3,900 a $7,500, diciendo que antes ganaba un salario "de muerto de hambre".

Cobran aumentos de sueldo de hasta $24,000 anuales, que equivalen al sueldo de "muertos de hambre" que tanto trabajo le cuesta ganarse a un maestro, a un policía, a un bombero, a un empleado de oficina y a muchos miles y miles más.

Vinieron a servirse, no a servir. Y para comprobarlo solo hace falta echarle un vistazo al cheque mensual de fondos públicos que tienen que desembolsarle a sus alcaldes municipios que no tienen dinero para pagar servicios médicos, o para recoger la basura, o para transportar a los nenes del barrio a la escuela.

Vivimos en un país en crisis económica, con un déficit de más de $2,000 millones, y corresponde a todos remar en la misma dirección. Si los alcaldes no se han enterado todavía, o quieren hacerse los suecos, metámosle la mano colectiva en el bolsillo para que aterricen. No hay de otra.