En las últimas semanas, la Universidad de Puerto Rico ha estado en la mira pública debido a la crisis fiscal, institucional y de credibilidad que atraviesa. Como si fuera poco, la denominada Junta de Control Fiscal ha puesto una pesada carga al mencionar la cifra de $300 millones como el recorte ideal a sus gastos operacionales. La entonces presidenta interina, Celeste Freytes, quien se encontraba al timón al momento de que la Junta dejara caer su bombazo, preparó un plan aparentemente incompleto lleno de lagunas y con pocas probabilidades de ser aceptado. Su abrupta salida, junto a otros rectores del sistema, solo provocó más confusión e inestabilidad.

Así las cosas, el reloj opera en contra de la institución cuando se acerca la fecha de la presentación del plan con los recortes recomendados, en busca de satisfacer el apetito restrictivo de la Junta. El panorama luce sombrío. En los últimos dos años, el sistema universitario público y privado ha perdido unos 5 mil estudiantes. Ese número pudiera estar estrechamente relacionado a la emigración, ya que todos los datos demuestran que la crisis fiscal ha propiciado el éxodo masivo de nuestros compatriotas huyendo de una década de recesión. 

Otro dato apunta a que la UPR ya no es la primera alternativa de muchos estudiantes que ven con mejores ojos una institución privada. Escándalos, pugnas, huelgas, deterioro acelerado de facilidades, entre otros factores, han sembrado esa semilla en nuestros jóvenes. Esto ha provocado, a base de los datos del Consejo de Educación Superior, que actualmente las instituciones privadas alberguen un 72% del total de estudiantes universitarios disponibles.

La pregunta es: ¿cómo la UPR que disfruta de una fórmula permanente que le dio el beneficio del 9.6% del presupuesto general, llegó a ese precipicio fiscal? La contestación pudiera ser la glotonería. A medida que nuestros gobernantes aumentaban sus presupuestos con deuda, la UPR recibía más dinero. Ese tren siguió sin freno y salvo algunas administraciones algo juiciosas, lo que entraba a las arcas se gastaba. La mano política violó la autonomía universitaria y engendró su semilla.

Por puro oportunismo político se ofreció y se crearon instituciones en distintos lugares. En un principio se les llamó colegios universitarios. Estos se fueron multiplicando e hicieron el sistema más grande. No conformes con esto, les dieron personalidad propia, replicando rectores, decanos y otras cosas similares a las existentes en los recintos más antiguos. De esta forma nació la UPR con 11 recintos. 

Un ejemplo de la glotonería fue denunciado por José Manuel Saldaña, quien presidiera la Universidad entre el 1990 al 1994, y expuso la pobre conducta administrativa de Antonio García Padilla, quien dirigió por una década los destinos de la organización educativa. Según Saldaña, bajo la incumbencia de García Padilla se construyó la biblioteca de la Facultad de Derecho, la cual fue presupuestada en $3 millones y salió en $11 millones; para el histórico teatro del recinto de Río Piedras, se gastaron $33 millones cuando se habían presupuestado $11 millones; en el edificio de Ciencias Biomoleculares, para el cual estimaron unos $20 millones, se gastaron finalmente $100 millones. Este exceso de gastos en infraestructura se imitó en contratos. El lado administrativo crecía y el de los estudiantes bajaba.

Estos datos hieren la retina. ¿Dónde estaba la Junta de Gobierno de la UPR en ese momento? ¿Hizo algo para llamar a capítulo a García Padilla? ¿Por qué renunció a su rol de fiscalizar los posibles excesos administrativos de él? El compadrazgo partidista puede ser la explicación. 

Después de García Padilla, la UPR padeció el mandato de José Ramón de la Torre, a quien Luis Francisco Ojeda bautizó como el muerto para’o. Su gestión administrativa fue tan pobre que aceleró la erosión de la prestigiosa institución y permitió que sus predecesores se fueran en impunidad. 

Ciertamente la educación es una inversión. Eso lo podemos estipular. Sin embargo, los administradores de la UPR concentraron sus energías en otras áreas, propiciando que la UPR se encuentre con poco prestigio y muy rezagada entre las universidades del mundo. Hoy el reto es enorme. La Universidad no tan solo necesita un jamaqueón económico para cuadrar la caja, sino también tiene que transformarse. No se trata de eliminar las estructuras que el político repartió a diestra y siniestra. Es buscar sus virtudes y permitir unas características propias, eliminando la duplicidad de programas. 

Esta es la oportunidad para permitir la especialización. Así se podría sacar, por ejemplo, el programa de Agronomía de Mayagüez y concentrarse en Utuado; y el programa de Comunicaciones podría pasar de Río Piedras y concentrarse en Arecibo. Son ideas sueltas que pueden tomar forma. Se espera un proceso doloroso. Toda reestructuración seria, lo requiere. Lo que es innegable, es que llegó la hora de transformar a nuestro sistema público para reenfocarlo al futuro.

Espero que en ese proceso podamos encontrar alguien que esté dispuesto a renunciar a la politiquería. La UPR tiene que dejar de ser el botín del corsario para que rojos y azules siembren batatas como lo hacen en otras corporaciones. Es el momento de dejar andar al muchacho para que se haga hombre. Veremos si aparecen los hombres que quieran ser los gestores de este enfoque y que se olviden de ser comelones.

De todos modos, lo que queda son migajas.