Casi la mitad de la población de Puerto Rico depende del Medicaid para acceder a servicios de salud y comprar medicamentos. Pero, a partir de 2027, el panorama podría cambiar drásticamente, ya que más de 1.3 millones de puertorriqueños podrían quedar vulnerables si la isla no logra equidad en los fondos federales del programa.

Ante ese escenario, el Gobierno junto a representantes de diversos sectores del ecosistema de salud local sellaron ayer, martes, un memorando de entendimiento multisectorial para llevar un frente común a Washington D.C. y evitar el llamado “abismo fiscal” de Medicaid.

El comité, encabezado por la gobernadora Jenniffer González Colón, busca reclamar paridad y convertir en permanente un financiamiento que, durante años, ha dependido de extensiones temporeras.

“Tenemos un problema estructural de salud”, advirtió la mandataria durante su ponencia en el Puerto Rico Health Policy Conference 2026. Esta iniciativa fue organizada por el Departamentode Salud, el Programa Medicaid, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y laAdministración deAsuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), que reunió a líderes de la industria de salud, funcionarios estatales y federales, representantes hospitalarios, aseguradoras y proveedores de salud.

“Si no se arregla la ley, volveríamos al pareo federal de un 55 %, perdiendo casi $3,500 millones”, detalló González Colón.

Inequidad en fondos

En Puerto Rico, 1,366,877 son beneficiarios del Medicaid, equivalentes al 47 % de la población, una inscripción 26 % más alta que el promedio en Estados Unidos.

En un archipiélago donde el 41 % de las personas vive bajo el nivel de pobreza, el programa federal se ha convertido en el principal vehículo de acceso a servicios médicos. Pero esa red, insistió la primera ejecutiva del país, depende de las decisiones que se toman en el Congreso de Estados Unidos y en el gobierno federal.

Y es que, actualmente, Puerto Rico opera bajo un modelo distinto al de los estados, quienes reciben financiamiento abierto para Medicaid.

Actualmente, “el territorio con mayor nivel de pobreza y mayor dependencia de Medicaid recibe solamente 55 %”, criticó.

Las asignaciones extraordinarias aprobadas en años recientes elevaron temporalmente ese porcentaje, primero a 100 % tras los huracanes Irma y María y luego a 86 % durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esas medidas expiran el año próximo.

Una población vulnerable

La gobernadora sostuvo que el panorama demográfico también agrava la situación.

Señaló que Puerto Rico enfrenta una combinación particularmente compleja: una población más envejecida que la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, baja natalidad, migración de profesionales de la salud y un aumento en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto y cáncer.

“Estamos hablando de nuestros padres, abuelos, familiares, vecinos… de gente real”, expresó al recalcar que la discusión va más allá de estadísticas fiscales.

Impacto proyectado

Las proyecciones presentadas por la administración apuntan a que entre 700,000 y un millón de personas podrían perder la cobertura médica si no se logra una solución permanente.

Esto aumentaría a 30 % –del 5.7 % hoy– la tasa de personas sin seguro médico en el país.

Además, estiman la pérdida de sobre 48,800 empleos relacionados con la industria de la salud, así como un impacto de $5,400 millones sobre la economía local.

González Colón también argumentó que el sistema actual termina siendo más costoso para el propio gobierno federal. Según explicó, muchos boricuas emigran a estados como Florida o Texas en busca de atención médica y, una vez allí, pasan a ser cubiertos bajo programas estatales de Medicaid.

“Le resulta más caro al Gobierno Federal que darnos ese dinero para dar el servicio”, afirmó.

Según estudios citados durante el foro, se estima que cubrir a esos beneficiarios que se mudan a suelo norteamericano puede costar hasta casi cuatro veces más.

“Una sola voz”

El comité multisectorial coordinará una estrategia conjunta de cabildeo ante el Congreso y las agencias federales.

“Necesitamos hablar con una sola voz y presentar los mismos datos”, sostuvo.

Como parte de sus peticiones, la administración buscará establecer un financiamiento base permanente de $4,415 millones anuales para Medicaid y que se aplique en Puerto Rico la misma fórmula federal utilizada en el resto de jurisdicciones para calcular el porcentaje de pareo.

De concretarse esta fórmula, conocida como Porcentajes Federales de Asistencia Médica (FMAP, por sus siglas en inglés), la aportación federal podría elevarse a cerca de un 83 %.

También solicitarán ajustes al Medicare Advantage y en los pagos hospitalarios bajo Medicare Parte A.

La gobernadora fue enfática en que el tema trasciende las diferencias políticas y que el trabajo tiene que ser en unidad para proteger la estabilidad sanitaria.

“Si todos mejoramos nuestro sistema de salud en Puerto Rico, nos beneficiamos todos”, puntualizó. “Estoy confiada en que el trabajo que vamos a estar haciendo en conjunto nos va a llevar a la meta”.