Las dos uniones laborales que representan a los jinetes que trabajan en el hipódromo Camarero decretaron el lunes una huelga que podría afectar la realización de carreras allí durante esta semana.

En un parte de prensa, las matrículas  de la Confederación de Jinetes Puertorriqueños y la Asociación de Jinetes Puertorriqueños esbozaron sus molestias y reclamos, que van desde “condiciones denigrantes” y malos tratos de parte de miembros del Jurado Hípico y de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) hasta poca paga por monta, violaciones de derechos, sanciones, atropellos y hasta la intención de usar a los aprendices como jinetes en propiedad.

“Se han unido los integrantes de los dos gremios que agrupan la matrícula de jinetes para darse a respetar, y resolver de una vez las inquietudes y los atropellos de los que han sido objeto por una administración que se ha destacado por atropellar los derechos de los trabajadores de la industria hípica, entre otras actuaciones altamente cuestionables y antijurídicas.”, indicó el Lcdo. Axel Vizcarra Pellot, presidente de la CJP en el escrito.

Este diario supo que el impasse laboral afectaría mayormente las carreras de jueves, viernes, sábado y domingo ya que los jinetes se negaron a firmar los boletos de inscripción para los ejemplares que correrían esos días, lo que tendría un efecto de paralizar la actividad hípica.

Pero, en esa línea, fuentes informaron que alegadamente la AIDH realizó un esfuerzo para tratar de convencer a los jinetes aprendices para que sean ellos los que monten los ejemplares del fin de semana, a pesar de que no cuentan con el tiempo requerido para obtener su licencia y montar en propiedad.

En el comunicado, Vizcarra denunció que la AIDH  aparentemente ofreció otorgarles licencias a los estudiantes aprendices de la Escuela Vocacional Hípica “a pesar de que aún les faltan seis meses para completar su curso y obtener las certificaciones correspondientes”.

El licenciado Jorge Toro McCown, representante de la Asociación de jinetes de Puerto Rico dijo que los grupos han realizado varios intentos por lograr un diálogo con el administrador hípico “pero los esfuerzos de ambas uniones han sido rechazados o ignorados”.

Para finalizar, en el comunicado se emplazó al gobernador, Alejandro García Padilla, a tomar acción y destituir de inmediato “a los funcionarios responsables de haber establecido un sistema de violaciones a los derechos de los trabajadores de la industria hípica.