El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston dio marcha atrás de una decisión del juez Daniel Domínguez para resolver unas controversias entre la Confederación de Jinetes Puertorriqueños con la Confederación Hípica de Puerto Rico y, a su vez, Camarero Racetrack.

Además, el caso fue desestimado.

Los jueces Sandra Lynch, William Kayatta, junto al juez de distrito Douglas Woodlock, acogieron la apelación que presentó la Confederación de Jinetes sobre la determinación de Domínguez que le concedió a la Confederación Hípica de Puerto Rico y a Camarero Racetrack una indemnización de $1,190,685 por daños.

En el 2016, los jinetes se rehusaron montar como parte de una iniciativa para reclamar mejores pagas económicas y, a su vez, las condiciones de trabajo dentro de Hipódromo Camarero. Las carreras fueron suspendidas por varios días antes de que se emitiera una orden restrictiva hasta que se resolvieran las controversias.

Los jinetes sostuvieron en aquel momento que el pago por montar era de $20 por carrera, una quinta parte del beneficio económico que reciben en Estados Unidos. Además, reciben un por ciento de los premios.

La Confederación Hípica de Puerto Rico y Camarero Racetrack argumentaron que los jinetes eran contratistas independientes y, por ello, carecían del derecho para decretar un paro de labores. En el primer día de vista, los jinetes fueron sancionados y se les requirió pagar los honorarios de los abogados de la parte demandante. Además, Domínguez entendió que por considerarlos contratistas, no se pueden beneficiar de una disputa patrono laboral.

Después de calcular los pérdidas, la corte determinó que Camarero debía recibir $602,466, mientras que la Confederación Hípica (que agrupa a los dueños de caballos) $588,219. Los demandados apelaron.

Sin embargo, Lynch, Kayatta y Woodlock entendieron que los jinetes sí cumplieron con los criterios para demostrar que estaban representados por una entidad reconocida (Confederación de Jinetes Puertorriqueños) y también que la conducta (el paro) se debió a una genuina disputa laboral.

Por otro lado, los jueces entendieron que la explicación sobre los pagos por carrera que reciben los jinete carecía de méritos. Los demandantes sostuvieron que el Gobierno de Puerto Rico es el ente que controla las cantidades de dinero. No obstante, el Tribunal de Apelaciones destrozó los argumentos.

“El récord demuestra que los demandantes tienen considerable influencia en los reguladores y tienen la habilidad directa de afectar los ingresos de los jinetes”, reza el escrito de los jueces en Boston.

“Esto significa que los paros de los jinetes están protegido”, reaccionó Axel Vizcarra, un de los abogados que representó a la Confederación de Jinetes Puertorriqueños durante el pleito. “A pesar de los jinetes son contratistas independientes, tienen el derecho de irse a una huelga en caso de que tengan reclamos genuinos”.

Vizcarra desconoce si la Confederación Hípica y Camarero Racing acudirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos para apelar.