La Piscina Honda, como le llaman al Club Gallístico de Puerto Rico en Isla Verde, estaba más llanita el jueves, luego de la  firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a  la ley que pretender permitir las peleas de gallos en Puerto Rico en reto directo a la prohibición federal que  desde el sábado considera  esa disciplina como ilegal en la Isla.

El jueves hubo jugada en este club y Primera Hora acudió a ella para conocer cuánta confianza sentían los galleros sobre el futuro de su industria con la firma de la ley por la gobernadora.

Todos los entrevistados sintieron el camino más llano para continuar con su industria, al menos mucho menos profundo de lo que vislumbraban cuando la ley federal, que prohibe las peleas de gallos, entre en vigor en la madrugada del sábado, cuando el ‘gallo cante’ a las 12:00 a.m.

“Estamos más confiados de que seguiremos jugando gallos en Puerto Rico”, dijo Geovanny Febus, de Cataño. 

La confianza no es tanta como para categorizar que el sábado las galleras más reconocidas abrirán sus puertas y se correran el riesgo de pagar las consecuencia si los federales deciden imponer su orden.

El presidente del Club Gallístico, Orlando Vargas, dejó entender que el sábado no habrá jugada en Isla Verde. Dijo que la decisión no ha sido tomada por la junta de directores del club, y agregó que sería prudente esperar un tiempo de educación antes de reabrir sus puertas.

“La ley nos da una herramienta de desobediencia civil con licencia. Así que en su momento abriremos. Pero tenemos que convencer a los 40 miembros de la junta”, dijo Vargas, cuyo club lideró la demanda federal que el juez Gustavo Gelpí desestimó  en octubre y que buscaba que se la ley fuera declarada inconstitucional para ser ejercida en Puerto Rico.

El presidente dijo que, si no opera el sábado, dejará de ganar entre $10,000 y $12,000 en taquillas, ventas en el  concesionario y que perderá en la nómina porque  ese día honrará el sueldo de sus 25 empleados.

El empresario de la industria gallística,  agregó  que está por completar los permisos de operación y licencia que exige la nueva ley boricua para poder operar en el  2020.

Destacó que al menos la ley estatal le da a los galleros una esperanza de lucha en las cortes si los federales deciden implantar su poder, sobre todo luego que ayer el Primer Circuito de Boston no acogió la solicitud para que se paralizara la implantación de la ley hasta tanto ese misma corte atienda la apelación que sometieron los galleros contra la decisión del juez Gelpí. sobre la ley estatal

El dueño de la gallera El Valenciano de Juncos, Carlos López, estuvo jugando el jueves en el Club Gallístico de Isla Verde y afirmó que la ley local le da pie para retar la fuerza federal.

“La ley estatal va a crear cierta controversia y nos da la oportunidad de seguir jugando gallos. Los federales dicen que no se puede y la gobernadora del Estado Libre Asociado acaba de firmar una ley diciendo que sí se puede. En la medida en que exista la controversia se va a agilizar un proceso para llegar a un bien común”, explicó López.

López felicitó a la gobernadora por haber tomado la valiente decisión de firmar la ley.

 No descartó, a preguntas de Primera Hora, que la gobernadora pudiese estar ‘jugando con las gradas’ al firmar la ley. Pero dijo que lo valiente le merece a la candidata a la gobernación al menos el 90 por ciento de los votos de los galleros y sus familiares.

Los galleros entrevistados dijeron que acudirán a jugar el sábado si las galleras abren. Pero también comprenderán   si los administradores de galleras se  toman un periodo de gracia para educarse sobre la nueva ley antes de tirarse en lo llano. Ese periodo lo sugiere el autor del proyecto 2330 que fue convertido en ley, el representante Urayoán Hernández Alvarado.

“Es necesario. Muchos galleros no saben en donde estamos parados. Hoy en día hay una desesperación entre los galleros de que quieren echar todos los gallos a pelear antes de este viernes. Si se dan un tiempo para saber el donde están parado, eso les hace bien a los galleros”, dijo Febus.

La ley que firmó Vázquez Garced fue necesaria para mantener de pie y en legalidad la industria gallística en la Isla porque el sábado entra en vigor la prohibición federal que dicta la Ley de Granjas de 2018 aprobada en el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump el pasado diciembre para todos los Estados Unidos y sus territorios.

El texto de dicha ley incluye una prohibición contra la crueldad contra animales, lo que ciertos sectores critican de las peleas de gallos.