La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros llevó a cabo hoy jueves una vista pública con relación a la Resolución Conjunta 702 que tiene como propósito prohibir a las compañías, dueños y locales dedicados a ofrecer servicios de gimnasios en Puerto Rico el cobrar las mensualidades de sus centros durante emergencias similares a la provocada por la pandemia del COVID-19.

La iniciativa surgió a raíz de las querellas radicadas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por causa de que situaciones como esas estuvieron en efecto durante los pasados tres meses. Unos 179 clientes con contratos con la cadena HCOA Fitness en la Isla presentaron reclamaciones debido a que les cobraron el costo de membresía a pesar de que los clientes no podían usar las facilidades una vez entró en vigor el ‘lockdown’ a mediados del pasado marzo para minimizar la propagación del coronavirus. En Puerto Rico existen 12 locales de HCOA Fitness.

Carmen Salgado Rodríguez, secretaria de DACO, reclamó en su ponencia que se requieren mejores garras para lidiar con dichas querellas. Sostuvo que de las 179 reclamaciones, 127 están en el proceso de mediación, mientras que 24 fueron resueltas. No especificó cuál es el estatus de las restantes 28.

Si la Resolución es aprobada, DACO tendría la facultad para imponer una penalidad de hasta $2,000 por el incumplimiento de la Resolución que prohibiría los cobros de las membresías, además de intereses, recargos y penalidades durante una emergencia nacional.

La representante Yashira Lebrón Rodríguez, quien preside la Comisión, recalcó que el interés de la Resolución es ofrecer algún tipo de protección a los consumidores de los servicios que ofrecen los gimnasios.

“Nuestros consumidores están con la preocupación porque desde marzo le siguieron descontando el pago sin llevar a cabo un servicio. Hemos recibido llamadas porque no saben si van a recibir algún tipo de crédito cuando abran nuevamente”, expresó Lebrón Rodríguez, quien señaló que no tuvieron éxito las gestiones para que algún representante de HCOA Fitness acudiera a la vista pública.

Salgado Rodríguez mencionó que para resolver las querellas resueltas, los clientes tienen la opción de aceptar un reembolso del dinero o un crédito si prefieren mantener activa la membresía. Incluso, resaltó que ningún cliente de Planet Fitness ha radicado una reclamación en DACO.

Por otro lado, recomendó que la Resolución Conjunta 702 sea expandida para que cubra aquellas emergencias mediante decreto que tengan vigencia por más de una semana e impidan la prestación de los servicios.

“Así como pasó ahora, surgió una situación similar después del huracán María (2017) cuando los gimnasios no podían abrir, pero seguían cobrando. Que la medida no solo sirva para la realidad actual, sino también en caso de la declaración de una emergencia y en las que los gimnasios están obligados a cerrar”, dijo Salgado Rodríguez.

Lebrón Rodríguez aclaró que la Resolución podría incluir otros servicios que también cesan de operar en durante situaciones similares.

“Podría ser, pero por el momento, ha sido este gimnasio (HCOA Fitness) en específico el que está llevando ese tipo de descuento. No estamos cerrados a que sean los gimnasios. Si llega otro tipo de situación o área que esté llevando a cabo una práctica similar, que sea incluido por el bien de los consumidores”, respondió.

Adriana Sánchez Parés, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), fue anunciada como una de las deponentes en la vista pública, sin embargo, envió una comunicación escrita solicitando sea excluida dado a que la agencia no regula los cuotas de las membresías de los gimnasios privados.

“Notificó que (el DRD) no tiene injerencia en los cobros, aunque sí en las certificaciones de los entrenadores”, aclaró Lebrón Rodríguez.

Después de tres meses cerrados, los gimnasios recibieron la autorización para comenzar a operar nuevamente el 16 de junio bajo unos estrictos protocolos de salubridad.