El conglomerado Caribbean Cinemas llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para pagar $90,000, luego que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) identificara aparentes violaciones de la empresa a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio que impedían que surgiera una competencia directa en su nicho comercial de salas de cine.

El secretario auxiliar de la OAM, Jesús Alvarado Rivera, explicó que su oficina realizó una investigación que duró dos años, con la que se comprobó que Caribbean Cinemas firmaba cláusulas de exclusividad con algunas entidades a cargo de las instalaciones comerciales en las que opera sus salas de exhibición de películas en estreno.

De esta forma, ninguna otra persona podía exhibir películas comerciales en estreno en estas instalaciones.

“Los acuerdos de exclusividad eliminaban cualquier posibilidad de que un nuevo competidor pudiera entrar al mercado utilizando los medios más eficientes que de otra manera estarían disponibles, y generando una competencia directa", acotó el secretario auxiliar de la OAM en entrevista telefónica.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Caribbean Cinemas llegó a concretar unos 11 acuerdos en las zonas de Arecibo, Caguas, Carolina, Cayey, Dorado-Vega Alta, Isabela, Montehiedra, San Germán, Santa Isabel y Yauco.

La OAM consideró que esta práctica impacta de manera negativa el mercado de salas de exhibición de películas comerciales en estreno en varias zonas de Puerto Rico, pues representan un producto único y distinto a otros medios de entretenimiento. Esto se debe a que para los consumidores que desean ver películas en estreno no existe un sustituto razonable a estas salas de exhibición.

“Para nosotros es evidente que las cláusulas de exclusividad identificadas representan restricciones comerciales irrazonables que facilitan el mantener inalterado el monopolio que posee Caribbean Cinemas en el mercado relevante”, estableció Alvarado Rivera.

El secretario auxiliar de la OAM planteó que desde el inicio de su gestión en Justicia, su equipo había identificado el monopolio de Caribbean Cinemas, pero aclaró que la mera posesión de un monopolio no es ilegal. Sí es contra la ley llevar a cabo actos que restrinjan la competencia para adquirir o mantener ese monopolio.

Explicó que para poder imputar una violación de ley se requiere que la empresa sujeto de la investigación tenga la facultad o facilidad de controlar los precios por el producto que ofrece y que mantenga ese poder a través de actos que impidan la competencia.

“En el caso de Caribbean Cinemas, sí tiene poder de mercado, es el único proveedor de las salas de exhibición de películas comerciales en estreno. La investigación lo que nos permitió corroborar fue el acto incompetitivo a través de la firma de las cláusulas de competitividad”, sostuvo Alvarado Rivera.

El funcionario se mostró satisfecho con el acuerdo firmado el jueves entre la OAM y Caribbean Cinemas, con el que quedó establecido que el conglomerado no volverá a acordar cláusulas de exclusividad. Además, anulará las cláusulas firmadas en seis zonas de manera inmediata y esperará a la finalización de los contratos de arrendamiento en las otras zonas para poner en efecto su culminación.

“Fue una evaluación de riesgos y beneficios”, explicó Alvarado Rivera sobre el trato que le costó a Caribbean Cinemas menos de una quinta parte de la cantidad que invirtió la empresa en su primera sala de gran formato. Y es que tan recientemente como el 11 de diciembre de 2014, la compañía celebró la apertura de Caribbean Cinemas Xtreme en Las Catalinas Mall, en Caguas, para la que destinó $500,000.

“Caribbean Cinemas quiso resolver esto de la manera más rápida posible sin tener que enfrentarse a un proceso adversativo. En nuestra oficina también hicimos las evaluaciones sobre lo que representaba para el departamento entrar en un proceso judicial y decidimos que con el acuerdo resolvíamos el asunto de manera rápida y efectiva”, postuló el abogado.

Los $90,000 que pagó Caribbean Cinemas entraron a las arcas del Estado y se pondrán en uso por la Oficina de Asuntos Monopolísticos “para seguir promoviendo la competitividad”.

“Con esta acción se liberan de restricciones irrazonables a los futuros competidores, quienes tendrán el camino libre para establecer sus negocios y generar mayor competencia para beneficio de nuestros consumidores”, puntualizó el secretario auxiliar.

Alvarado Rivera no precisó si alguna otra empresa quiso entrar al mercado de salas de exhibición de películas en estreno en los pasados años porque consideró que estaría revelando planes de negocio de otras entidades. Sí mencionó que, además de Caribbean Cinemas, operan en la Isla el Cine Roosevelt, en San Juan, y otra empresa pequeña en Mayagüez.

Caribbean Cinemas no reconoce fallas señaladas

Mientras, la portavoz de Caribbean Cinemas, su directora de mercadeo Mayra Ramírez, insistió en que el conglomerado no reconocía haber cometido alguna violación de ley, pese al desembolso de los $90,000 como parte del acuerdo con Justicia.

“Entendíamos que no era necesario continuar con un proceso de esta índole y queríamos enfocarnos en el negocio como tal”, acotó sobre la razón de la empresa para negociar un acuerdo con Justicia.

Ramírez adujo que la empresa reconoce la posibilidad de que algún otro competidor entre en el negocio de salas de exhibición de películas de estreno en Puerto Rico y que no era su intención, con las cláusulas de exclusividad, limitar esa competencia.

“Simplemente, queríamos estar en unas localidades específicas”, acotó.

 “En Puerto Rico hay muchísimo centros comerciales y espacios donde se puede construir, pero también ha habido unos factores económicos, como la contracción económica y la competencia en vídeo que puede haber afectado esa posibilidad”, concedió Ramírez. “Otros (competidores) que han estado se han ido, pero es parte de un proceso económico”, puntualizó.