Empleados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), directivos del Colegio de Actores de Puerto Rico y el representante Luis Vega Ramos volvieron a manifestarse en contra de la aprobación del proyecto que convertiría la estación pública en una corporación sin fines de lucro -aún sin crear-, cediendo así entre $15 a $20 millones en activos.

Según el reclamo hecho hoy en conferencia de prensa, detrás del Proyecto del Senado 1640 hay unos “intereses ocultos tras la privatización atropellada de esa corporación pública”, los cuales presuntamente pudieran ir dirigidos a "beneficiar y lucrar a unas personas que aún no quieren identificarle al pueblo”.

El Proyecto del Senado 1640, que también tiene un contraparte en la Cámara, ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a crear una corporación sin fines de lucro que llevará el nombre de “La Corporación para la Difusión Pública”. Esta contaría con autonomía fiscal y operacional, y autorizaría la transferencia de todos los activos de WIPR a la nueva “corporación”, se informó por escrito.

La medida que privatiza a WIPR, permite vender, alquilar, gravar, enajenar o disponer de cualquier otra forma de los activos que conforme a esta Ley venga en titularidad, sujeto a cualquier autorización requerida por la Comisión Federal de Comunicaciones. Cede las licencias, antenas, edificios y toda propiedad a la entidad creada sin remuneración alguna al Estado. Se estima que se le estaría cediendo a la entidad creada entre $15 y $20 millones en activos de WIPR. Únicamente protege la titularidad del pueblo de Puerto Rico del Archivo Histórico.

El P. del S. 1640 fue presentado por la Gobernadora el 18 de junio de 2020 a finales de la última sesión ordinaria para aprobación inmediata (medida de administración A-124). Fue referido a la Comisión de Gobierno del Senado sin embargo, no fue aprobado en la última sesión ordinaria. La Gobernadora lo incluyó en la corriente sesión extraordinaria. El proyecto otorga a AAFAF la potestad de incorporar la entidad sin fines de lucro con cinco miembros a la Junta de Directores quienes serán unilateralmente nombrados por la Gobernadora. La Junta de Directores, a su vez, tendrá la potestad de nombrar seis miembros a pertenecer al Comité Asesor. Así también el P. del S. 1640 asigna fondos legislativos recurrentes para el manejo de la entidad sin fines de lucro: $100,000.00 para cubrir los gastos y actividades iniciales o un millón anual para los gastos y actividades de la entidad provenientes de la “Ley del Fondo Lucy Boscana de producción de telenovelas, Miniseries y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”.

El proyecto enmienda también la “Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, creando un fondo especial de $800,000.00 para la entidad. Lo que, se alega, no garantiza es el empleo de los aproximadamente 120 trabajadores de WIPR, ni de los actores u otro personal que labora por servicios profesionales, durante la transición a la nueva entidad. Estos alegadamente tendrán prioridad para solicitar empleo en la nueva entidad según las oportunidades que disponga la misma.

El proyecto no dispone nada sobre los derechos adquiridos de los empleados de WIPR que acepten trabajo en la nueva entidad. Los empleados que no sean reclutados por nueva entidad serán reubicados o transferidos a otras entidades del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, conforme al concepto de movilidad y los mecanismos dispuestos en la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como la "Ley para la Administración y Transferencia de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo los empleados de WIPR que no sean reclutados o que no acepten una oferta de empleo en la entidad creada, no serán despedidos ni perderán beneficios como consecuencia de la aprobación de esta Ley, lo que crea un limbo legal para estos, ya que no serán despedidos ni perderán beneficios, pero no tendrán trabajo.

“En el momento que Puerto Rico redescubre su necesidad por WIPR, tras el efecto de la pandemia en la educación y la falta de computadoras, internet y módulos en el DE, el gobierno quiere entregársela a un grupo de personas desconocidas para que puedan hacer lo que quieran, con sus activos y empleados incluso venderlos o despedirlos”, apuntó el representante Luis Vega Ramos.

Los empleados de WIPR y el Colegio de Actores reclamaron que se pongan en vigor ahora medidas fiscales que garanticen la operación de WIPR y permitan la estabilidad de la función educativa de las estaciones durante la crisis pandémica. Señalaron que el DE tiene fondos suficientes hoy, bajo el CARES Act, para contratar con WIPR y garantizar su operación durante todo este año fiscal. De hecho, reclamaron al gobierno que le autorice al Secretario del DE comprometer los fondos inmediatamente.

La operación anual de WIPR, de acuerdo a la información suministrada, ronda los cuatro a cinco millones, los cuales pueden provenir del presupuesto anual del DE que asciende a cuatro mil millones de dólares. Por ello, el grupo de empleados de WIPR reclamó que en vez de privatizarla, se ausculten y diseñen modelos que permitan el retorno de la misma al DE pero a través de una estructura legal que provea para su autonomía administrativa y fiscal.