El presidente de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Ralphie Pagán González, y el presidente de WIPR, Eric Delgado, presentaron una carta a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, insistiendo en que “no es el momento adecuado para privar al pueblo de Puerto Rico de un servicio esencial como WIPR y con un plazo hasta el 15 de mayo de 2020, cuando hay un emergencia nacional de salud pública en curso en la que no hay certeza de cuándo terminará”.

El documento responde a la reacción de la JSF, que les concedió hasta esta fecha para que se apruebe el proyecto de ley que viabilice la privatización de las estaciones del Gobierno.

WIPR, a su vez, había sometido una petición gubernamental para que se le otorgara un fondo adicional de $2.2 millones para mantener la operación hasta el cierre del año fiscal, sobre lo que el ente fiscal se negó.

En la carta de cuatro páginas presentada con fecha del 29 de abril, los ejecutivos citan la respuesta de la Junta: "A la luz del fracaso del Gobierno en hacer un progreso significativo en implementar el requisito de la Junta de Supervisión de que se privatice WIPR, la Junta de Supervisión no considerará ninguna solicitud de reprogramación a menos que la Legislatura apruebe y el Gobernador promulgue, a más tardar a la medianoche del 15 de mayo de 2020, una legislación aceptable para que la Junta de Supervisión transfiera la propiedad de WIPR a una entidad privada sin fines de lucro".

En este sentido, la corporación repasó algunas propuestas sometidas que no contaron con el aval de la JSF, y cómo la crisis de salud por la pandemia del COVID-19 cambia el panorama.

“WIPR presentó a la Junta de Supervisión su plan de implementación el 27 de febrero de 2020 en una reunión en sus oficinas y expresó que para que se produzca la Fase III del plan, que crea una entidad sin fines de lucro temporal y de transición ad-hoc para asumir los WIPR activos y proporciona continuidad de servicios hasta la creación de una estructura organizativa privada permanente, la legislación debe ser presentada, aprobada y firmada como ley. En esta reunión donde estuvo presente la representante de la Junta de Supervisión, Sra. Ginorly Maldonado (“Sra. Maldonado"), instruyó a la representante de la Oficina de Administración y Presupuesto (OGP) asignada a WIPR, Sra. Zulma Canales, que debería encontrar el presupuesto para resolver las dificultades económicas de WIPR hasta el 30 de junio de 2020. La Sra. Canales presentó dos opciones que no alterarían el presupuesto existente, ya que eran una realineación de los fondos existentes, pero ambas opciones fueron rechazadas. Para que ocurra el plan de implementación, primero el Poder Ejecutivo del Gobierno debe presentar un proyecto de ley a la Legislatura de Puerto Rico. WIPR y el Gobierno han estado en comunicación proactiva con respecto a la legislación, pero desafortunadamente el mundo cambió drásticamente con la pandemia de coronavirus (COVID-19)”, manifiesta parte del escrito.

“La Junta de Supervisión busca la implementación inmediata del plan para privatizar WIPR en medio de una crisis mundial de salud pública en la que todos los ciudadanos puertorriqueños han recibido la orden de quedarse en casa las 24 horas del día desde el 15 de marzo de 2020”, expresaron los ejecutivos en la carta, e insistieron en la labor de la corporación en términos de servir de recurso para informar al pueblo.

“El vehículo oficial de comunicación del gobierno a las masas es WIPR, que posee estaciones de radio y televisión, y sirve como un sistema de transmisión de emergencia para llevar información vital a las personas que más lo necesitan. La transmisión pública de televisión y radio desempeña un papel fundamental en la rápida difusión de información al público y es un elemento clave para ayudar a salvar vidas después de desastres naturales y eventos sin precedentes como COVID-19”.

WIPR se defendió del alegato de “fracaso” en la misión de presentar una propuesta de privatización.

“La Junta de Supervisión menciona que ha habido falta de progreso en la implementación del plan, pero están equivocados; El Gobierno y la WIPR estuvieron muy involucrados en este proceso hasta que la pandemia COVID-19 paralizó todo".

"La Junta de Supervisión está dispuesta a autorizar la financiación de los saldos de efectivo existentes a WIPR para sus operaciones hasta el final del año fiscal actual con la condición de que la legislación que privatice la WIPR que sea aceptable para la Junta de Supervisión sea aprobada y promulgada a más tardar a la medianoche del 15 de mayo de 2020. Sin embargo, como hemos mencionado en todas nuestras reuniones, este proceso debe abordar el próximo año fiscal para desarrollar completamente las próximas fases propuestas”, añade la carta dirigida a Jaresko.

Añade que “debemos asegurarnos de que el objetivo sigue siendo dar a WIPR una oportunidad real de tener éxito en esta nueva fase y no enterrar a WIPR con un plan poco realista que no puede ser fructífero. Creemos que el pueblo de Puerto Rico no puede ser privado de un servicio de comunicación esencial como WIPR durante una pandemia y crisis nacional”, puntualizó la corporación, quien concluyó la misiva con su interés en “continuar trabajando juntos en beneficio de la gente de Puerto Rico”.”.